Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio cuenta que la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional mostró en enero de 2026 una caída real del 22% respecto del mismo mes de 2023, reflejando un ajuste de fuerte contracción sobre áreas sensibles como salud, educación, seguridad social, ciencia, desarrollo productivo, transporte y obra pública. En paralelo, el documento señala un incremento del 69% en la Secretaría de Inteligencia del Estado y un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública, que concentran el 8% del gasto.

El recorte se vuelve especialmente crítico para la Provincia de Buenos Aires, donde el Fondo de Fortalecimiento Fiscal registra una ejecución nula, con una caída del 100%. El análisis también expone un retroceso del 96,6% en cooperación y asistencia técnica a municipios, mientras que la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios sube 29,7%, aunque sin compensar la eliminación del fondo destinado específicamente a Buenos Aires.

El informe detalla que en salud se profundizan los recortes en organismos nacionales como la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (-34,2%) y la ANMAT (-56,1%), junto con fuertes bajas en programas claves como Acceso a Medicamentos (-82,8%), Prevención y Control de Enfermedades Endémicas (-54,5%) y Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (-99,2%). También se verifican caídas en ciencia y tecnología, seguridad social, educación y desarrollo productivo, afectando desde CONICET y CONAE hasta ANSES, la Secretaría Nacional de Niñez y programas sociales cuya ejecución figura en cero.

El documento subraya además retrocesos significativos en las fuerzas federales y armadas, así como en transporte y obra pública, donde la ejecución es prácticamente inexistente en infraestructura vial, pavimentación, cuencas y saneamiento, incluyendo la paralización del Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo (-100%). CEPA concluye que este esquema de recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de políticas esenciales y advierte efectos directos sobre la continuidad de programas sociales, sanitarios, educativos y productivos en un contexto económico adverso.