La Plata, Bs As.
Jueves, 25 julio 2024
NOTA DE GRAFICA
Axel Kicillof y el dilema con el RIGI
La política para la industria de Javier Milei pone a prueba al Gobierno bonaerense en un contexto de crisis económica. Los condicionamientos para las inversiones y la disputa política en el medio
Axel Kicillof y el dilema con el RIGI
Por Andrés Sosa y Hernán Sánchez


El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se encuentra contenido en la Ley Bases, abre un nuevo capítulo en la disputa política que mantienen Javier Milei y Axel Kicillof. La orientación que propone el Presidente en torno al desarrollo industrial choca directamente con las perspectivas del gobernador bonaerense. Una discusión que expresa diferencias ideológicas con multinacionales al acecho y pymes muy preocupadas.

“Sin el RIGI no hay GNL”, sentenció el presidente de YPF, Horacio Marín, en un mensaje direccionado a Kicillof que generó polémica. El misil apuntó a la planta de gas natural licuado que proyectan construir YPF y Petronas para potenciar la exportación del gas de Vaca Muerta, y que está en disputa entres las provincias de Buenos Aires y Río Negro.

En respuesta, Kicillof salió a defender la planta en Bahía, dijo que había una normativa provincial en marcha que otorgaba beneficios para su instalación, sin necesidad del RIGI. Esquivó pronunciarse acerca de si la Provincia adherirá o no, ya que la Ley Bases aún no está promulgada, pero criticó duramente al régimen de incentivo y advirtió que puede generar más juicios de fondos buitre como el sufrido por YPF. Un funcionario le aseguró a La Tecla que lo de Marín era “un planteo extorsionador del Gobierno nacional”. Fastidiado, contó que evaluarán los pasos a seguir.

El oportunismo de La Libertad Avanza y PRO-Libertad en la Legislatura estuvo a la orden del día y rápidamente sentaron postura con la presentación de un proyecto de declaración con el objetivo de que la Provincia adhiera al RIGI, aún cuando ni siqueira está reglamentado. Los opositores marcaron “la imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo provincial adhiera” en medio del “peor contexto socioeconómico de la historia de la provincia de Buenos Aires”. En igual sentido actuó el bloque de Juntos en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, ciudad que puja por quedarse con la estación de GNL.

Petronas ya tenía prácticamente todo acordado para asentarse en Bahía Blanca, donde viene poniendo dinero desde hace tiempo. El año pasado el puerto bahiense recibió inversiones por más de 20 millones de dólares semanales para infraestructura y estudios de factibilidad, porque además de la comapañía malaya tiene proyectos de otras empresas petroleras y gasíferas como Oldelval, Tecpetrol y la misma YPF, entre otras. El RIGI ahora duplica los beneficios que de antemano tenían esas iniciativas, y si no hay seguridad jurídica sobre la conservación de esas ventajas las empresas buscarán destinos en los que sí estén asegurados. Y las provincias del sur se los darán.

Las presiones que recibirá Kicillof para sumarse a la Ley Bases trascienden la rosca política. Las grandes firmas con asiento en el territorio querrán que adhiera. Consultado por La Tecla sobre si la Provincia debe tomar ese camino, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, respondió: “La invitación a la adhesión de las jurisdicciones subnacionales al régimen es fundamentalmente para garantizar estabilidad fiscal provincial a los proyectos, pero no cambia la naturaleza de los incentivos garantizados por la Ley Bases. Por otro lado, la decisión respecto a la adhesión o no a una Ley Nacional es de la Legislatura, no del Ejecutivo. Más allá de esto, desde el Gobierno provincial tenemos el firme compromiso de promover el desarrollo de inversiones que generen un impacto económico, productivo y social positivo en nuestro territorio”.

Costa dejó en claro la oposición a la política económica de Milei y al RIGI, y pronosticó que “es posible que en el corto plazo las provincias que poseen los recursos naturales que buscan ser explotados puedan beneficiarse en términos de mayores ingresos vía regalías o algún impacto acotado en el empleo local. Sin embargo, las condiciones establecidas en cuanto a la estabilidad fiscal y aduanera por 30 años tendrá un impacto muy negativo en nuestro país que difícilmente pueda ser revertido”.

Especialistas en el tema expresaron que “si la Provincia adhiere se compromete a cumplir con lo establecido en la ley o sea que queda condicionada”. Y señalaron que “si no lo hace es más una cuestión política que económica porque de última adhiere y luego ve si cumple, como pasó con los Consensos Fiscales, en los que algunas cosas quedaron sólo en buenas intenciones”.

También se estima que las jurisdicciones estaduales van a dejar de percibir Ingresos Brutos y resignarán el 10 por ciento del Impuesto a las Ganancias. Y los municipios perderán Seguridad e Higiene Industrial, y la parte que se coparticipa del impuesto al débito y al crédito se van a resentir por los beneficios que tendrán quienes entren en el RIGI.

Inquieta la caída de la actividad. “Me preocupa la situación económica, social, el nivel de empleo. Es acuciante a nivel de economía real. La situación de la actividad en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires es absolutamente preocupante”, sentenció otro integrante del gabinete.

Hay incertidumbre por lo que va a pasar en la economía argentina en los próximos meses y eso hace que, en este caso la provincia de Buenos Aires no pueda siquiera tener la plena seguridad de que contará con los recursos para cubrir sus obligaciones básicas. Por caso los sueldos de los empleados, que para el Gobierno son prioridad, pero insumen gran parte de un presupuesto cada vez más ajustado por falta de recursos nacionales y caída en la recaudación, ya sea por Coparticipación o de la devenuida de impuestos provinciales.

Insisten cerca de Kicillof en que parece difícil que en este contexto el gobierno nacional siga resistiendo y, en post del déficit cero, continúe ahogando a todos los sectores y a las provincias. Hay quienes aseguran que es una crisis económica que no encuentra piso, por más que algunas actividades menores hayan mostrado un repunte en el último mes. “No veo que haya una claridad respecto al piso, ni veo que haya algún indicio de que por acá se puede empezar”, graficó un miembro del Ejecutivo.

En declaraciones a Radio Provincia, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que “beneficia muy poco a la Argentina porque cuando analizás el contenido del RIGI, básicamente son incentivos y excepciones impositivas para grandísimos proyectos de inversión, muchos de los cuales ya estaban previstos y que habían avanzado en la instalación”.

“Le estamos dando subsidios, esa palabra maldita para la derecha, de manera directa o indirecta a grandes empresas transnacionales con grandes proyectos de inversión y no se les exige casi nada a cambio. Ni que generen una gran cantidad de mano de obra en el país, ni que aporten las divisas tan necesarias para el desarrollo nacional, ni que hagan un desarrollo de proveedores en gran escala, ni que desarrollen tecnologías en nuestro país como históricamente hicieron las leyes de inversión extranjera directa vigentes en la Argentina”, detalló. “Lamentablemente es eso, un régimen que le regala plata a grandes inversores que vienen a llevarse mucha plata y no les exige nada”, aseveró Bianco.

En el mientras tanto, entre infinitas reuniones interminables con el lobby empresarial en la primera línea, el distrito de San Nicolás fue noticia la semana pasada. Es que Sidersa invertirá US$ 300 millones para instalar otra planta en esa localidad. El Ministerio de Economía de la Nación emitió un comunicado en el detalló que “US$100 millones serán destinados a la tecnología importada y US$200 millones a producción nacional”.

La cartera que conduce Luis “Toto” Caputo expresó que “está en línea con el RIGI” y que permitirá “abastecer al mercado con insumos, como el hierro de construcción, indispensables para la producción nacional y la generación de exportaciones”. En esa línea, adelantaron que “también se estiman exportaciones del 30% de la producción, en función de la demanda local, que equivalen a US$100 millones anuales”.

Además, la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) presentó una iniciativa ante el Ministerio de Economía para invertir US$ 700 millones en la ampliación de transporte de un ducto que conecta Vaca Muerta con Buenos Aires. Se trata de un proyecto alternativo a la idea del Gobierno de licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner.




LEY BASES
Los compromisos que asumen las jurisdicciones con la adhesión

El título VII de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es el que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En el artículo 163 se declara que las inversiones que se concreten son de interés nacional. Y dictamina que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.

Mientras, el inciso b del artículo 186 determina que sobre las cargas tributarias provinciales y municipales “no podrán alcanzarse con ningún tributo local las operaciones, transferencias, ventas, locaciones, prestaciones ni ninguna otra relación económica entre el VPU (Vehículo de Proyecto Único) y sus miembros. Cualquier imposición en tal sentido será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 163 de esta ley”.

El inciso c del art 193 agrega que “no podrán alcanzarse con ningún otro impuesto nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni municipal las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial”.

Es el artículo 222 el que invita a las provincias y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones. Mientras que en el punto 123 se establece que quienes adhieran “no podrán imponer a los VPU nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. A los efectos del presente régimen, se entenderá que existe un nuevo gravamen local cuando se cree un nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31 de diciembre de 2023 o, asimismo, cuando se modifique el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, las deducciones, las exenciones y/o desgravaciones y/o cualquier otro aspecto de los tributos existentes a dicha fecha, que en los hechos implique una mayor carga fiscal”.

En el caso de tasas retributivas por servicios prestados “no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados. Se entenderá que una tasa excede el costo específico del servicio efectivamente prestado cuando su base imponible se determine sobre la base de ventas, ingresos brutos, ganancias o parámetros análogos. Cualquier incumplimiento a lo mencionado en el presente artículo será considerado como una violación a lo establecido en el artículo 163”.

Por otra parte, en el artículo 235, se invita a las jurisdicciones a “dictar las normas que resulten necesarias para el establecimiento de procedimientos congruentes con los propósitos de esta ley”. Es decir que se les recomiendan que acompañen con medidas impositivas propias que alienten grandes inversiones.


INVITADAS A ADHERIR
Los condicionantes que impone a las provincias el Paquete Fiscal

El Paquete Fiscal recientemente aprobado por el Senado, y que lleva como título “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, tiene algunos artículos en los que invita a adherir a las provincias, y en los que apunta a reducir las cargas tributarias que le competen a cada una de las jurisdicciones, empujándolas a establecer exenciones impositivas de los tributos como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos. Esos beneficios pueden ser tanto con la exención del impuesto como reducción de alícuota.

Por caso, en el artículo 49, sobre tributos provinciales, la normativa invita a las provincias y a los municipios a “adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones”.

En tanto, en uno de los párrafos del extenso artículo 110 dice: “Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disponer mediante el dictado de la normativa local correspondiente, mecanismos y/o parámetros objetivos que permitan que los sujetos que asuman la calidad de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -locales y/o comprendidos en las normas del Convenio Multilateral- queden excluidos de la Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra SIRTAC u otro sistema de recaudación local similar sobre Tarjetas de Crédito y Compra, cuando la sumatoria de operaciones informadas, por los agentes de retención del referido Sistema de Recaudación, no excedan el importe que, a tales efectos, las jurisdicciones dispongan”.

La Ley Fiscal también modifica el artículo 22, del Título IV, Capítulo VI de la Ley 24.196 (sobre inversiones mineras), estableciendo que las provincias que adhieran y que perciban regalías o decidan percibir, “no podrán cobrar un porcentaje superior al cinco por ciento (5%) sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”.




JOSE TAMBORENEA - PRESIDENTE DE CADIEEL
“Nosotros queremos un régimen de incentivo”, pero con limitaciones

José Tamborenea, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), expuso en el Senado antes de aprobarse la ley. “Nosotros queremos un régimen de incentivo, como tiene Chile, como tiene Australia. Argentina tiene que tener un régimen de incentivo desde dos puntos de vista, uno para el tema de credibilidad y para darle soporte legal a la propuesta, si no es muy complicado sobre un país de incumplidores seriales; y por otro lado, también tenemos una carga impositiva que es terrible. Hasta ahí estamos de acuerdo”, le dijo a La Tecla sobre la creación del RIGI.

Tamborenea también valoró que se busque un régimen de inversiones para desarrollar industrias estratégicas para el país, se liquiden divisas, y más ocupación de mano de obra. Sin embargo, fue crítico del texto original, y por eso celebró los cambios introducidos en la Cámara alta. “Cuando leías el original, estas cosas no eran tan realizables, porque podía ser cualquier cosa, incluso permitía que viniera capital usado. Entre lo que se presentó y lo que se votó hubo algunos cambios, que son algunos de los que nosotros pretendíamos”.

Respecto a esos cambios enumeró que “están para la foresto industria, para el petróleo, minería, energía, la siderurgia, y sumaban tecnologías. Antes el RIGI era cualquier cosa, por ejemplo, ponías una empresa de electrodomésticos y competías con la local, y eso hoy no lo podrías hacer porque no estaría dentro del objeto del RIGI. También logramos que se cambien otras cosas, como la liquidación de divisas, te podés llevar las utilidades pero no todas las divisas; y logramos que saliera, por lo menos por ahora, el tema de la parte de bienes de capital usado”.

Una de las cosas que se pidió desde la Asociación de Industrias Metalúrgicas (ADIMRA) es que las provincias y los municipios tuvieran la voluntad de adherir sin que sea obligatorio. Al respecto, el titular de Cadieel consideró que “a las provincias del NOA les conviene (el RIGI) porque quieren desarrollar la minería, y cuantas menos barreras de ingreso tengan es más fácil. Sacan la cuenta de que no van a cobrar Ingresos Brutos, pero van a contratar gente del lugar, que después va y gasta entonces el Estado recauda por otro lado. Y también les conviene a las provincias del sur, por el tema de petróleo, hidrógeno verde, gas. Las provincias más complicadas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y eventualmente, Mendoza, que son las que abastecen a las demás de los bienes de capital, de las máquinas y herramientas para hacer los trabajos”.


CEPA
El plan de Javier Milei y las consecuencias para la industria

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó implicancias del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones RIGI en la Ley Bases y, entre otros aspectos, puso el ojo en el plan del presidente Javier Milei para la industria.

En ese marco, señalaron que la industria manufacturera argentina representa una quinta parte del empleo registrado privado del país con salarios que superan en un 15% la media del empleo registrado y con estándares de formalidad más altos que otras ramas de la economía. A su vez, detallaron que explica más de la mitad de la inversión en investigación y desarrollo del sector privado, consolidándose como el principal impulsor de la innovación.

Luego, enumeraron las medidas que -entienden- desincentiva a la industria: suba de costos en la industria - Impuesto PAIS; aumento de tarifas; derogación Ley de Compre Nacional; derogación del PRODEPRO; derogación de la Ley 21.608 de promoción industrial; impacto del DNU 70/2023 en economías regionales; eliminación o baja de aranceles de importación; cambios régimen antidumping; eliminación de toda política de créditos productivos para la inversión en pymes; habilitación al cierre del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y desfinanciamiento de programas y áreas asociados a la política industrial.





POLO OPOSITOR
El peronismo entre la interna y la obligación de plantarse ante Milei

La victoria parcial que todavía celebra el Gobierno nacional tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado pone a la oposición en un lugar más que incómodo de cara a lo que se viene. Ahora, el presidente Javier Milei, que ya cuenta con su herramienta anhelada – con ayuda de “la casta política- para aplicar su programa, busca fortalecer su imagen.
En este marco, el peronismo trata de imponerse como una alternativa a La Libertad Avanza y mostrarse como el primer polo opositor. Sin embargo, la guerra sin cuartel que atraviesa entre sus diferentes tribus es uno de los principales escollos al tiempo que intenta seducir a gran parte de la sociedad desencantada con Unión por la Patria.

“La aprobación de la Ley Bases nos obliga a estar cohesionados”, manifestó a La Tecla uno de los ministros más importantes con los que cuenta el gobernador, Axel Kicillof. De esta manera, intentó bajar los ánimos en una semana en la que otra vez La Cámpora expresó su furia contra quienes rodean al primer mandatario provincial.

Del mismo modo, desde el Gobierno bonaerense expresaron una seria preocupación por la represión policial durante la sesión en el Senado de la Nación por lo que apuestan a tener un marco de unidad en lo político, pero también en el plano institucional. En cuanto al primer aspecto, se reflotó la idea de componer una mesa de acción política entre los diferentes sectores de Unión por la Patria. La intención es retomar la coordinación para enfrentar la avanzada de la administración nacional.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, expresó que “pasa por redoblar los esfuerzos, por garantizar lo que le corresponde a nuestra ciudadanía, por ocuparnos de los que más necesitan y por lograr entre todos, de manera solidaria, que podamos dar vuelta esta historia y recuperemos una mirada sensible a nivel del estado nacional”.

Entonces, aseguró que “es trabajo nuestro volver a generar confianza en la ciudadanía”. Por ese motivo, habló sobre la importancia de tener un “proyecto de reconstrucción” para que “en el futuro tengamos nuevamente un proyecto nacional que se ocupe de todos y todas”.

En esa sintonía, el funcionario sostuvo que “llegar al Gobierno es el medio para resolver los problemas de la gente, no es un fin: llegar al sillón es el primer desafío”. Luego, concluyó: “Tratamos de estar a la altura de las circunstancias en un tiempo muy difícil, de mucha confusión, donde nos dicen que el Estado es el enemigo”.


AUGUSTO COSTA - MINISTRO DE PRODUCCION
“Nuestra posición es totalmente opuesta a esta política de entrega”

-¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de adherir o no al RIGI?

-El RIGI está pensado exclusivamente para beneficiar a grandes sectores concentrados del exterior. Las actividades que pretende promover el régimen poco aportarán al desarrollo productivo de nuestro país y menos aún en la distribución de la riqueza. Se están entregando recursos no renovables, exigiendo poco y nada a cambio. Las empresas no pagarán impuestos, realizarán aportes marginales al empleo, el desarrollo de proveedores locales será muy limitado, podrán importar sin arancel alguno, podrán exportar libremente y llevarse las divisas generadas por sus exportaciones. Nuestra posición es totalmente opuesta a esta política de entrega de nuestros recursos y la sostendremos, porque creemos en las condiciones que tiene la Provincia para atraer inversiones que promuevan el desarrollo y contribuyan a lograr una distribución más equitativa de la riqueza sin necesidad de regalar o resignar recursos.

-¿Qué impacto tendrá el RIGI en el sector industrial de la Provincia?

-El sector industrial, con la excepción de la siderurgia, quedó excluido del RIGI, por lo que queda en una clara posición de desigualdad frente a las actividades que son promovidas, las cuales cuentan con beneficios impositivos y aduaneros por un plazo de 30 años. El resultado inmediato será la reconversión de la estructura productiva con un fuerte sesgo extractivista, que poco aportará al desarrollo económico y social, tal como nos quieren hacer creer. El impacto en nuestra provincia, que aporta el 50% de la producción industrial nacional, será totalmente negativo. Pero esto no sólo por la entrada en vigencia del RIGI sino también por todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional que van en contra de promover la actividad manufacturera: apertura de importaciones, pérdida del poder adquisitivo del salario, además de la desaparición de todo tipo de política pública orientada a fortalecer al sector industrial. Algunos dirán que el RIGI exige que al menos un 20% de la totalidad de inversión debe orientarse a proveedores locales. Sin embargo, esto tiene una trampa: podrán participar siempre y cuando haya oferta disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Es la excusa perfecta para su exclusión, y no porque no tengamos productos o servicios de calidad, sino porque las ventajas otorgadas para la importación (arancel 0%) hará muy difícil su participación.

-¿Las PyMEs van a necesitar de otros incentivos para no desaparecer?

-Las MIPyMEs están atravesando una etapa crítica, que ya está impactando no sólo en el empleo sino también en la desaparición misma de muchos desarrollos que hasta el año pasado venían funcionando. Estamos atravesando nuevamente un industricidio, que está arrasando a mayor velocidad que el vivido en momentos anteriores de nuestra historia.

-¿Si esos incentivos son descuentos impositivos, no se afecta así a la recaudación de la Provincia?

-Estamos trabajando en primer lugar para sostener nuestro diverso entramado productivo, en un contexto donde las restricciones presupuestarias son evidentes y nos limitan para poder actuar de la manera que querríamos. A pesar de ello, aportamos herramientas orientadas a financiar el sostenimiento de la operatoria de las PyMEs, también buscamos generar mayores vínculos comerciales a través de las rondas de negocios (nacionales e internacionales), estamos trabajando en el fortalecimiento del segmento de nuevos emprendimientos ofreciendo asistencia técnica y capacitaciones que promuevan su crecimiento.
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