Camuzzi Gas S.A se jacta en su propia página web de ser, a través de sus subisidirias Camuzzi Gas Pampeana S.A y Camuzzi Gas del Sur S.A, la empresa prestadora de servicio de gas más importante del país. De hecho, entre ambas compañías controlan el 45% del negocio en la Argentina.
Pero en el mundo de los servicios públicos, la magnitud de la empresa poco tiene que ver con la calidad en la prestación de los servicios. Por ello es que, desde hace dos años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires arremetió en la clara estrategia de desbancar a Camuzzi en pos de posicionar a la empresa estatal Buenos Aires Gas S.A (Bagsa).
La puja entre ambas tuvo un primer round que resultó exitoso para el gobernador Daniel Scioli: el traspaso del servicio del gas a la égida gubernamental en Villa Gesell, producto de la no renovación de contrato con Camuzzi Gas Pampeana, ocurrido en octubre de 2008.
Mientras la empresa privada intentaba renegociar con el Gobierno nacional su licencia para la concesión del servicio y afrontaba miles de demandas de usuarios por los siderales ajustes tarifarios; Bagsa expandía su presencia en el interior bonaerense.
Pero el punto crucial en la relación se alcanzó en diciembre de 2009 cuando la ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, durante el acto de inauguración de una sede de la empresa estatal en La Plata, anunció a viva voz que el Gobierno provincial iría tras la restitución al Estado de los gasoductos que, desde hace 15 años, explota Camuzzi Gas Pampeana.
Se trata de unos 1700 kilómetros de tuberías construidas por la provincia que fueron entregadas a la empresa en comodato cuando se privatizó el servicio de distribución del gas como parte de los nuevos contratos de concesiones públicas.
La red abarca seis gasoductos que abastecen a más de 500.000 habitantes y 15.000 comercios e industrias bonaerenses de localidades como Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Pinamar, Tandil, Santa Clara del Mar, Bragado, General Pinto y Patagones, entre otras.
La restitución de los gasoductos, valuados por la propia ministra en 400 millo-nes de dólares y que se construyeron entre los años 1994 y 2004 con recursos de un fondo fiduciario, es un reclamo histórico de los sindicatos del rubro y que, con el crecimiento de Bagsa, también se convirtió en un interés del Gobierno. De hecho, en 2002, el fiscal de Estado bonaerense, Ricardo Szelagowski cuestionó la adjudicación sin licitación previa de los gasoductos a la empresa.
Además, según trascendió, el traspaso no implicaría prácticamente ningún gasto para la Provincia debido a que el dinero que Camuzzi Gas Pampeana debería recibir por la finalización anticipada del comodato equivale a erogaciones insumidas por la ampliación o mejora de la red.
Fuentes consultadas por Desafío Económico explicaron que los pasos formales para la restitución de los gasoductos es realizar una presentación al Enargas (Entre Nacional de Regulación del Gas) donde se aclaren las condiciones de Bagsa para hacerse cargo del manejo de la red.
Luego, el organismo nacional deberá expedirse a favor o no y, de ser positiva su resolución, definirá una tarifa de peaje para Camuzzi que seguiría utilizando esas redes mientras la firma estatal se ocuparía de la construcción o mantenimiento de los gasoductos.
Así las cosas, el Ejecutivo bonaerense tiene el respaldo de distintos sectores en la nueva embestida contra la empresa de capitales italianos y, de efectivizarse la iniciativa, Bagsa se trasformaría en una compañía con un mayor control sobre la distribución del servicio en el territorio bonaerense.
Sin embargo, la verdadera prueba que deberá afrontar la administración sciolista será en las negociaciones con el Ejecutivo nacional que es la autoridad con capacidad para modificar las condiciones de la concesión del gas ya que los contratos de la era privatizadora y sus correspondientes prórrogas fueron sellados entre la Nación y las firmas.
Bagsa y sus representantes se han preparado por meses para esa instancia aunque la historia de las negociaciones entre Camuzzi y el Gobierno kirchnerista hace suponer que la definición del traspaso o no demorará un buen tiempo. Camuzzi y el Gobierno nacional Camuzzi S.A se hizo cargo de la distribución de gas natural en el año 1992 como parte del proceso de privatización de los servicios públicos durante la gestión de Carlos Menem.
El contrato inicial otorgaba una licencia exclusiva y renovable de 35 años para operar el sistema de comercialización gasífero.
Sin embargo, cuando en 2002 se sancionó la ley 25.561 que declaró la emergencia pública y se estableció la salida del régimen de convertibilidad, el Ejecutivo nacional fue facultado para renegociar los contratos de servicios públicos ya que la pesificación dejó sin referencia a las concesiones que la concebían como ¨un mecanismo de ajuste¨, entre los que se encontraba el de Camuzzi.
Durante las negociaciones, uno de los dos accionistas de la empresa de gas, Sempra Energy, recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando la pérdida de valor de sus acciones por las nuevas reglas económicas y exigió un resarcimiento el cual fue dispuesto por la autoridad internacional por un monto de 172 millo-nes de dólares en el año 2007, en plenas renegociación contractual.
Anteriormente al fallo, en 2006, Sempra Energy comunicó que se despojaba de activos en las dos distribuidoras pertenecientes a Camuzzi S.A. Los mismos representaban el 43,6% de Sodigas S.A que, a su vez, posee el 86% de las acciones de Camuzzi Gas Pampeana y el 90 de Camuzzi Gas del Sur.
El conflicto interno en la firma entre los propietarios norteamericanos y los italianos tuvo como detonante la misma negociación de la concesión del gas natural.
Camuzzi con tal de no perder el negocio estaba dispuesto a aceptar las nuevas reglas de la pesificación, pero Sempra no.
La controversia saltó del ámbito interno de la compañía y se instaló en el Congreso cuando se aprobó, entre las condiciones de renegociación un ajuste tarifario del 17% favorable para Camuzzi.
A cambio, la firma seguía operando la red en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y toda la región patagónica.
A su vez, devolvía la gentileza al Gobierno nacional aceptando firmar un acuerdo de renegociación que incluía garantizar la "indemnidad" al Estado argentino ante el fallo adverso del CIADI.
Sellado ese acuerdo de carácter transitorio, la revisión del contrato de concesión siguió su curso y aún no fue definida.
En tanto, el 9 de diciembre de 2009, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1904 que ratifica el principio de entendimiento alcanzado entre Camuzzi y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren). Camuzzi y la Provincia La empresa Camuzzi Gas Pampeana controla la prestación del servicio del gas natural en todo el territorio bonaerense, a excepción del Gran Buenos Aires.
Pero esa exclusividad en la distribución comenzó a debilitarse en el 2004 cuando el por entonces gobernador Felipe Solá decidió crear a Bagsa.
Si bien los primeros años de gestión de la compañía estatal no fueron de los más productivos, desde la gestión de Daniel Scioli se repuntó en la expansión de la firma.
Los casos paradigmáticos en la puja entre la Provincia y la empresa de capitales italianos son dos: la toma de posesión sobre el gasoducto del Norte y el traspaso del servicio en Villa Gesell.
El primero de ellos se logró en 2007 cuando Bagsa se hizo cargo del Gasoducto del Noreste, comprendido entre las localidades de Magdalena, Punta Indio y Chascomús, luego de que se encomendara al Ministerio de Infraestructura retomar la operación y el mantenimiento de esas redes.
El conflicto con Camuzzi por la falta de inversión y expansión de la red de gas en esa región había comenzado en octubre de 2003, aunque la licenciataria hizo oídos sordos a la advertencia del Gobierno y responsabilizó por esos inconvenientes a la firma encargada del transporte gasífero, TGS (Transportadora de Gas del Sur).
El otro de ellos se resolvió el año pasado. La empresa privada estuvo a cargo de la distribución en Villa Gesell hasta junio de 2009 cuando el intendente Jorge Rodríguez Erneta decidió no aceptar la oferta de la empresa para la renovación contractual, aludiendo que ¨en 10 años no se realizó ningún tipo de inversión¨.
Fue entonces cuando Bagsa se hizo cargo de la prestación y se convirtió en el nuevo operador del servicio en la localidad Villa Gesell que pasó a ser el primer municipio controlado totalmente por la empresa provincial de gas. La palabra de Camuzzi Desde la empresa aseguraron a Desafío Económico que la propiedad estatal de esos gasoductos es algo indiscutible.
Sin embargo, el traspaso de la operatoria y mantenimiento de las redes es un capítulo aparte.
En Camuzzi son escépticos en dos puntos: la capacidad real de Bagsa para manejarlas y el impacto que tendría en la tarifa agregar un intermediario al circuito de distribución del gas.
Sobre el primero, si bien se remarcó que los análisis los hará el Enargas, se ponderó que la empresa ya lleva años manteniendo los gasoductos sin ningún tipo de inconvenientes.
Con respecto al otro punto, desde la firma aseguran que, de existir un nuevo cargo por el uso de las redes, ese recaerá sobre las tarifas que pagan los usuarios, ya que harían uso de un beneficio contemplado en el contrato de concesión por el cual queda exenta de nuevas responsabilidades financieras.
¿Cuál es el costo y el beneficio y quién lo va a terminar pagando?, se preguntan desde la compañía.
Y, aún tratando de mantener un tono conciliador, aclaran: “Si Bagsa quiere extender la red a lugares a los que no llega el gas, Camuzzi no se opone, pero para cumplir ese objetivo no es necesario manejar todos los gasodcutos”. |
