Cuando el Gobierno nacional decretó, allá por el mes de marzo, la emergencia sanitaria en todo el país a raíz de la pandemia por el coronavirus, habilitó también a los distintos organismos y gobiernos la posibilidad de ejecutar compras directas para dotar de mayor celeridad a la adquisición de bienes que, en el marco del aislamiento, no podían esperar. Por
supuesto, los alimentos fueron uno de ellos, ya que, con la cuarentena, una enorme cantidad de familias vieron imposibilitada su continuidad laboral y, con ella, su método de subsistencia.

Este tipo de situaciones, muchas veces dan paso a maniobras irregulares y alejadas del marco de la legalidad, debido a que los expedientes no siguen el camino burocrático habitual. En Luján, por caso, derivó en una denuncia penal. Fue el diputado provincial Luciano Bugallo, de Juntos por el Cambio, quien decidió acudir a la Justicia luego de que el bloque de
concejales de su partido en el distrito revelara una serie de compras directas que realizó la Municipalidad que conduce el peronista Leonardo Botto en beneficio de dos proveedores. Se trató de 191 órdenes por un total de $31.286.007,61. De esa cantidad, 128 fueron otorgadas a Marcela Guadalupe Goldsztaud, por $18.828.318,61 en el plazo de cuatro meses, y 63 a Mariano David Rossi, por $12.457.689 en 48 días. Lo llamativo, tanto para los concejales como para el integrante de la Cámara Baja, fue que las compras -en su enorme mayoría para alimentos- fueron sistemáticamente desdobladas para que ninguna superara los 200 mil pesos. Incluso algunas fueron aprobadas en la misma fecha y para el mismo rubro, a fin de evitar la licitación pública.

En este sentido, la ley provincial N° 13.981, que reglamenta el subsistema de Contrataciones del Estado, prohíbe explícitamente el desdoblamiento o fraccionamiento de contrataciones, cuando éstas se desarrollen en un lapso de tres meses para adquirir bienes o contratar servicios de un mismo destino o rubro comercial.Asimismo, según se desprende de la
denuncia a la que accedió La Tecla y que fue radicada en la UFI 10 de Luján, Goldsztaud estaba inscripta en AFIP en el rubro “Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas”, y a partir de febrero incorporó su inscripción en otros y muy variados rubros comerciales, como artículos de ferretería, jardín y alimentos. Sin embargo, carece de habilitación municipal para este tipo de venta y depósito de mercadería.

Rossi, en tanto, aparece inscripto en AFIP a partir de mayo de este año, apenas un mes antes de que fueran emitidas las primeras 22 órdenes de compra a su nombre, y tampoco cuenta con habilitación municipal ni establecimiento alguno. Además, el joven de 23 años figura,
según informe del Banco Central de la República Argentina, con situación de morosidad 5, es decir, “irrecuperable”, en dos entidades financieras, lo cual hace desaconsejable su selección como proveedor del Estado municipal.

Quien salió en defensa de la maniobra fue el secretario de Economía, Ignacio Pedotti. “Tuvimos que comprar alimentos para dar asistencia a casi 39.000 vecinos y vecinas; 9 mil familias que necesitaron de la asistencia del Estado municipal. Las compras se desdoblaron para poder efectuar la adquisición de 100.000 kilos de alimentos mensuales, que es la asistencia que al día de la fecha se está brindando en todo el territorio y se efectuaron, como en el resto de los municipios, a instancias del decreto nacional 426/2020 y el decreto provincial 132/2020, a los que adherimos por ordenanza del Concejo Deliberante”, argumentó.