Ante una aguda crisis económica, el peronismo entiende que deberá rascar la olla en un futuro gobierno después del 10 de diciembre. Esa premisa está condensada en una serie
de propuestas que el partido le hizo llegar a Alberto Fernández. En un país con 35% de pobreza y deuda externa por pagar, el crecimiento es un desafío mayúsculo.

La aplicación de impuestos extraordinarios por dos años, como una alícuota especial de Bienes Personales, la creación de una red federal para lograr una mejora sustantiva en la lucha contra el fraude fiscal, “mejora” en el gravamen de la renta financiera para “darle mayor progresividad al impuesto a las Ganancias”, retenciones segmentadas y la creación de un impuesto Inmobiliario nacional son variantes analizadas en el PJ.

Las propuestas forman parte de un extenso documento de 118 páginas con políticas públicas en distintas áreas, como Salud; Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación; Cuidados; Políticas Sociales; Política Exterior; Producción Agropecuaria y Política Industrial.

Si bien las iniciativas se discutieron en el seno del PJ, no representan la posición institucional del espacio. En concreto, surgieron de los debates realizados durante 2019 en el marco de los Equipos de la Unidad de la Comisión de Acción Polí-tica del Partido Justicialista nacional, en los que participaron más de 700 personas bajo la coordinación del exministro Ginés González García.

El documento ya despertó quejas. Con-federaciones Rurales Argentinas (CRA) y Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestaron su preocupación por algunas de las sugerencias, como el regreso del impuesto a la herencia y el impuesto Inmobiliario nacional, ideas que, dicen, han fracasado.

“La historia reciente muestra que con esas medidas tuvimos la menor cosecha de trigo de la historia; 12 millones de cabezas de bovinos menos; la menor exportación histórica y una destrucción total de las economías regionales son sólo ejemplos de la destrucción de valor que estas medidas generaron”, sostuvo CRA en un documento.

Polémica
“No vamos a aumentar impuestos y sí vamos a redistribuir la carga tributaria, alivianando el peso que hoy tiene el sistema tributario sobre los sectores populares y la franja media, en especial Pymes, asalariados y autónomos, sin deteriorar las finanzas públicas”, sostiene el documento del PJ.

La difusión del mismo no cayó bien en ciertos miembros, según pudo corroborar La Tecla. Es que en las primeras líneas del apartado que plantea la discusión de propuestas se afirma que estos temas deben quedar excluidos de la campaña, y hasta aparece el ensayo de una autocrítica sobre medidas pasadas.

“La mejor contribución que pueden hacer los tributos a nuestra campaña es pasar desapercibidos. No ser mencionados, ni convertirse en tema. Después de cuatro años de Cambiemos, y en la actual coyuntura económica recesiva, todos los sectores tienen motivos para cuestionar la imposición sobre sus actividades y, por otro lado, nuestra historia ayuda poco en la materia”, añade el escrito.

En el PJ se encargaron de aclarar que las propuestas no forman parte de un plan específico y que, en cambio, se trata de “ideas fuerza” para pensar en las distintas áreas y que, en todo caso, sirvan de insumo para los candidatos. Een el equipo económico de Alberto Fernández, en el que sobresalen figuras como Matías Kulfas, Cecilia Todesca o Guillermo Nielsen, predomina el silencio por disposición albertista, dada la coyuntura electoral.

En líneas generales, la sugerencia de impuestos busca tender a una estructura tributaria más progresiva, antes que a un objetivo recaudatorio.

Así, los especialistas plantearon co-mo horizonte -al término del siguiente mandato- situar la presión tributaria total en 32% del PBI, con “25 puntos en cabeza del Estado nacional y 7 entre provincias y municipios”. Y, a su vez, elevar “la presencia de los tributos provenientes de rentas y patrimonios a no me-nos del 30% del total”.

Blanqueo y retenciones
Como medida que genera controversias aparece una carga más sobre aquellos contribuyentes que ingresaron en 2017 al blanqueo promovido por Macri.

En este caso se propone un impuesto extraordinario y “con alícuota progresiva del 2% al 15% sobre las personas que adhirieron al Régimen de Exteriorización de Activos de 2016-2017”, como forma de incentivar una política que apuntale el desarrollo industrial.

A su vez, en líneas con las economías regionales, se propone retenciones segmentadas por tipo de producción. “Se segmentarán para quien incorpore trabajo y valor agregado”, en una medida destinada a los grandes grupos. También se plantea plazos de liquidación de divisas.


Bienes en el exterior bajo la lupa

La creación de impuestos ‘extraordinarios por dos años’ que graven a las utilidades del sector financiero impactando sobre la rentabilidad de los bancos, a la compraventa de divisas y a los bienes personales con eje en los activos reales y financieros en el exterior es una de las aristas que generó debate.

En el caso de la rentabilidad de bancos se propone que sea retroactivo para cubrir solamente la diferencia entre la rentabilidad promedio, registrada en el período 2015-2017, y la rentabilidad ex-traordinaria, registrada en 2018 y 2019.

En el caso de los bienes del exterior, la iniciativa encuentra sustento en un re-ciente informe del INDEC que señala que los argentinos tienen depósitos, cajas de seguridad e inversiones sin declarar por más de US$ 300 mil millones.