De acuerdo con el INDEC, la pobreza en nuestro país afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de los chicos pasaron hambre en el último año. En tanto, la Universidad Católica Argentina (UCA) asegura que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores comunitarios.

Ante la dureza con la que golpea la crisis, la oposición -a nivel nacional y su réplica en la Provincia- avanzó para exigir a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal la declaración de la Emergencia Alimentaria, como mecanismo para apagar el incendio que produce la falta de alimentos en miles de hogares. Y aunque los pedidos de emergencia tienen varios meses durmiendo en los cajones de varios concejos deliberantes, el reclamo se hizo más potente en los últimos días, en consonancia con los proyectos que legisladores opositores presentaron en el Congreso (tiene media sanción de Diputados) y la Legislatura provincial.

Los pedidos de declaración de emergencia también comenzaron a visiblizarse en los municipios, llevados adelante por los bloques peronistas, impulsados por la línea que baja desde la conducción.

“En la práctica, la emergencia es un mecanismo que permite a los que toman decisiones tener una respuesta más veloz ante situaciones de crisis”, explicó un legislador provincial a este medio, y añadió que “lo importante es que, cuando se habilite la posibilidad de reasignar partidas, se exprese concretamente el monto y el destino que se le va a dar al dinero, para que sea afectado de manera puntual a ese objetivo”.

En el caso de la iniciativa que presentó la oposición en la Legislatura, y que lleva las firmas de los cuatro presidentes de bloque (Florencia Saintout, de Unidad Ciudadana-FPV-PJ; Rubén Eslaiman, del Frente Renovador; Julio Pereyra, de Unidad y Renovación, y María Alejandra Martínez, del Frente Amplio Justicialista), avanza sobre otras cuestiones, como la creación de unidades de seguimiento y refuerzos de comedores y merenderos.

La situación en la mayoría de los distritos está desbordada. “La demanda de asistencia alimentaria creció, lo vemos todos, y lo que podemos dar nosotros no alcanza para todos. Sabemos que la gente paga la luz o come”, confesó un veterano intendente radical.

La respuesta oficial llegó vía anuncios, tras descartar la propia Vidal la emergencia. “No la necesitamos”, dijo. En cambio anunció refuerzos en el Servicio Alimentario Escolar, el Plan Más Vida, las Unidades de Desarrollo Infantil y los hogares de niños y niñas. Además, en una medida que impacta en los distritos, autorizó cambios en el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento (FFPS) para que adquieran alimentos. Así, el 50% de ese dinero que antes estaba destinado a otros fines (la mitad es de uso exclusivo para infancia) se podrá utilizar para la compra de alimentos.

La respuesta de un alcalde peronista fue categórica al respecto: “En la última semana tuvimos que gastar 600.000 pesos para comprar comida; eso del fondo no nos alcanza para nada, porque la situación es crítica”, sentenció.

Y apuntó que “el Gobierno nos sacó todos los fondos, como el de la soja, y ahora quiere hacer propaganda con uno que está congelado desde 2015”.

Desde el oficialismo en la Legislatura creen que “no es necesaria” esta declaración,
aunque reconocen que la situación es difícil. Y agitan la bandera del aprovechamiento político de una herramienta que puede ser útil en tiempos de escasez.

Tras la conformación del Frente de Todos, la oposición cuenta con mayoría en Diputados como para sacar adelante la ley; no así en el Senado, donde los números favorecen al oficialismo.