Sobreprecios, especulación y el mundo Boca: qué hay detrás de la renuncia del vice de IOMA
En medio de un llamativo silencio, Alejandro Requejo dejó su cargo como director de la obra social bonaerense. Hijo y socio de un ex colaborador del presidente de Boca Juniors, el funcionario quedó envuelto en sospechas de corrupción. Mientras tanto, el organismo autoriza una millonaria y dudosa licitación para oficinas móviles.
Sobreprecios, especulación y el mundo Boca: qué hay detrás de la renuncia del vice de IOMA
Desde hace poco más de diez años, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) es blanco de sospechas de corrupción. Tanto en este gobierno como en el anterior, su diverso directorio ha sido apuntado por manejos poco transparentes de la millonaria caja.

La abrupta y llamativa renuncia de su vicepresidente no es ajena a esta situación. Según pudo saber LaTecla.Info, Alejandro Requejo es uno de los apuntados por el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA de haber autorizado maniobras irregulares con el dinero de los bonaerenses.

La denuncia de SUPTTIOMA recae además sobre los hombros del extitular del organismo, Carlos D’Abate, a quienes responsabilizan de violar la normativa vigente al depositar en una cuenta de bienes raíces del Banco Provincia parte del Presupuesto asignado de la obra social, por unos 1.000 millones de pesos, lo que habría generado un interés diario de 1.600.000 pesos.

“Al parecer esa maniobra se realizó durante tres meses, generando unos 48 millones de pesos mensuales, de los que nada se sabe de su destino”, dijo Alejandro Chavero, vicepresidente del gremio.

La cuestión es que ese dinero estaba destinado a pagar deudas con proveedores de la obra sociales que, cabe recordar, debió suspender sus servicios este año por no cumplir con el pago en tiempo y forma a los profesionales de la salud.

En medio de estas acusaciones, Requejo abandonó su cargo el 30 de junio de este año, pero la gobernadora María Eugenia Vidal recién la aceptó el 18 de octubre, decreto que se oficializó una semana después.

Llama la atención, en este sentido, la poca repercusión que tuvo la salida de Requejo, quien además, como publicó La Tecla, se desempeña como síndico en Provincia Leasing, una de las empresas del Grupo Bapro y forma parte del directorio de DAXA Argentina SA, presidida por su padre José Manuel Requejo, directivo de Boca Juniors durante las presidencias Mauricio Macri y Daniel Angelici, de quien fue un estrecho colaborador.

Pero no sólo eso, Requejo era socio de Carlos D’Abate, extitular de IOMA, en una compañía llamada FARMARECORD dedicada al servicio de procesamiento y gestión de prestaciones farmacéuticas.

Son diversas las empresas vinculadas con la actividad que contrataron a FARMARECORD, muchas de ellas de gran renombre en el mundo de la salud como Laboratorios Bagó SA y Laboratorios Beta SA.

Para dichas empresas procesaron miles de recetas mensuales para diversas obras sociales como la Asociación Mutual Empleados Banco Provincia (AMEBPBA), entre tantas otras.

Cabe recordar que D’Abate abandonó la dirección de IOMA en diciembre de 2017 duramente cuestionado. “Se dedicaba a tapar baches, no prevenía los problemas”, explicaron desde el gobierno sobre el funcionario en cuestión.

El hombre que tomó las riendas en aquel entonces fue Pablo Di Liscia, quien se desempeñaba como subsecretario de Higiene Urbana del Gobierno porteño, que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Para el cargo vacante que dejó Requejo, en tanto, aún no se designó a nadie.


Nueva y millonaria licitación

En medio de este panorama, lOMA autorizó el llamado a licitación para la adquisición de oficinas móviles que permitirán a los afilados gestionar trámites y efectuar consultas en distintas partes de la Provincia.

Según se desprende del sitio oficial de compras del Estado bonaerense, se trata de cuatro oficinas que funcionarán en vehículos utilitarios “Tipo Minibus”. Para la mencionada compra, el organismo presupuestó $ 14.633.480, una cifra más que abultada teniendo en cuenta que cada uno de esos automóviles cuesta en el mercado poco más de un millón de pesos.

Si se tiene en cuenta que los móviles estarían equipados, listos para atender a los beneficiarios de las obras sociales, de todas maneras resulta un precio demasiado alto.
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