Parálisis en el puerto de San Nicolás: un dragado sospechado de sobreprecios e irregularidades
El dragado del puerto de San Nicolás quedó en el ojo de la tormenta por el desenlace de una historia larga e intrincada, que incluso le costó el puesto al presidente del Consorcio de San Pedro.
Parálisis en el puerto de San Nicolás: un dragado sospechado de sobreprecios e irregularidades
El 11 de noviembre de 2017 se abrió el expediente (22400-40263) para el llamado a licitación del dragado de 350.000 m.3 del puerto de San Nicolás, por un monto de 45 millones de pesos (presupuesto oficial a noviembre de 2017, que actualizado rondaría los 70 millones de pesos).

El expediente fue aprobado por el ministro Javier Tizado (resolución número 2018-306) en abril, y durmió en la oficina del subsecretario de Puertos, Rodrigo Silvosa, desde el 20 de ese mes hasta el 17 de julio. En el medio, la situación de la estación portuaria se agravó, los sedimentos no permitían el ingreso de buques y Silvosa recurrió a una contratación directa sin ningún papel, prometiendo un pago por legítimo abono.

Casi en el mismo momento que se abrió el proceso licitatorio llegó a San Nicolás el buque DASA-I, de la empresa Pentamar S.A., para proceder al “dragado de emergencia” del canal de acceso. La empresa declaró que removió 136.000 m.3 de sedimento, pero Silvosa no permitió que los técnicos de la Dirección de Puertos controlaran si era verdad. Pentamar habría llegado a San Nicolás sin contrato, con la promesa de que el trabajo se lo pagaban por el Consorcio de San Pedro, donde sí tenía contrato. El dragado se hizo entre el 2 y el 9 de agosto.

Pero se sospecha también que Pentamar se aseguró un negocio mayor, ya que fue la única oferente para quedarse con la licitación iniciada por Tizado y demorada por Silvosa.

Es que el 21 de agosto se abrieron los pliegos de la licitación por los 350.000 m.3 de San Nicolás. La única oferente fue una UTE conformada por Pentamar y Sabavisa (empresa vinculada a la familia Gualtieri que había competido con Pentamar en la licitación de San Pedro), y cotizó por hacer un dragado de 210.000 m.3, puesto que el resto ya lo había realizado en los primeros días del mes. Un negocio redondo, pero sin papeles.

La insólita situación tiene un capítulo más. Hay una ebullición en el ministerio porque Pentamar reclama el dinero por el trabajo realizado en San Nicolás, y si bien intentan pagarlo bajo el rótulo de “legítimo abono”, nadie se anima a firmar una erogación millonaria, con un sobreprecio del 80%, por un trabajo que no fue licitado.

Mucho menos quiso avalar la maniobra el presidente del Consorcio del puerto de San Pedro: Horacio Frangi. El 19 de septiembre, el hombre presentó su renuncia al cargo a partir del 1 de octubre, y aunque en el escueto texto de la dimisión no menciona los motivos de la misma, este tema habría sido el detonante.


Parálisis y desinversión se suman al fantasma de la privatización

Considerado como el paso hídrico comercial de mayor importancia sobre el litoral del río Paraná, el puerto de San Nicolás sufre el mismo proceso que el resto de sus similares de la Provincia. Licitaciones que duermen en un cajón y permisos de uso que hace varios años están en trámite y nadie resuelve su validación (las empresas tienen sus galpones y oficinas pero no invierten, a la espera del permiso definitivo de habilitación) son moneda constante.

El nicoleño, que permanece bajo la conducción administrativa del Ejecutivo bonaerense pero el ministro Tizado quiere transformar en consorcio, aguarda el visto bueno para hacer obras con los $1.200 millones con que cuentan inversores.

El puerto, hoy no tiene las defensas correspondientes y el muelle se está rompiendo, de las 6 grúas solamente funciona una sola y no tiene red de incendios. En lo que va del año enviaron desde Provincia apenas 90 mil pesos para gastos de mantenimiento, limitándose a pagar sueldos y sin contar con servicio de limpieza, desratización ni corte de pasto. El 27% del personal está en condiciones de jubilarse, pero no se avanzó con los trámites, con los que se ahorrarían unos $40 millones al año.

El elevador de granos espera por inversión para mejorar y modernizar su estructura, además de estar congeladas las licitaciones para obras vitales. Entre ellas, la que podría poner en marcha tareas de dragado o la adquisición de nuevas grúas, para poder desarrollar todo el potencial en cuanto a la carga que mueven con la entrada y salida de barcos.
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