Tal como informó La Tecla, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, firmó un decreto en el que pone a disposición la política de retiros voluntarios a los agentes estatales. Claro, la medida no alcanza a la Policía provincial, agentes del Servicio Penitenciario y agentes de Salud Penitenciaria.

En ese sentido, desde el bloque de senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana pusieron el ojo en la decisión del gobierno bonaerense y sus antecedentes en la historia cercana del país y la Provincia.

En definitiva, el senador Juan Manuel Pignocco, junto a los economistas Fernando Alvarez, Martín di Bella y Erica Pinto, redactaron un informe que analiza los pormenores de la resolución.

Vale recordar que, tal como detalla el estudio, la decisión de avanzar en retiros voluntarios se enmarca en el Consenso Fiscal firmado entre las provincias y el gobierno de Mauricio Macri a mediados de noviembre de 2017. Allí, la Nación asumió financiar “con líneas de crédito especiales programas de retiro y/o jubilación anticipada”.

Con dicho panorama, y de acuerdo a lo que establece el decreto de Vidal, el estudio advierte que la resolución podría “comprender un universo de un tercio de la planta bonaerense” y en caso de sumarse la Dirección General de Cultura y Educación se sumarían otros 49 mil agentes.

“El decreto deja en un limbo el beneficio indemnizatorio para los agentes de 12 años que opten por acogerse al retiro”, sostiene.

De esa manera, señalan que la decisión de avanzar en retiros voluntarios no fue una decisión de un organismo internacional, como suele ocurrir, sino que “fue autoimpuesta como medida política por las autoridades del gobierno nacional y de la Provincia”.

“La realidad de medidas como un retiro voluntario es el ajuste fiscal, la reducción del sector público siempre justificadas en posiciones del desmérito a la importancia del rol del estado en la mejora del bienestar social”, sentencia. En ese sentido, destaca que “en los cuatro retiros anteriores (2 en el gobierno de Alfonsín, 1 en el de Menem y 1 en el de De la Rúa) ha adherido menos del 3 por ciento de los agentes en condiciones de acogerse al programa”.

Asimismo, remarca que “en el caso particular del Retiro Voluntario bonaerense tiene un universo potencial 50 por ciento superior al Nacional en cantidad de agentes y un tercio más de plazo de acogimiento, con lo que su impacto sería aún más perjudicial que el federal”.

Por último, el informe elaborado por Pignocco a la cabeza, advierte que el proceso es difícil de sostener e impactaría en el sistema previsional bonaerense.

“El 50 por ciento del Presupuesto provincial se destina a ­financiar el gasto en personal (en Nación es sólo el 11%) y que ese gasto financia a su vez el gasto previsional consolidado (que es otro 20% del Presupuesto provincial); ahora estos programas de ajuste y congelamiento de planta y personal y achicamiento de las funciones del estado llevan involucrados el défi­cit del sistema previsional más temprano que tarde, por tanto sepamos que nos dirigimos en un camino de ida a encontrarnos con el próximo ajuste de las condiciones jubilatorias en los regímenes previsionales bonaerenses”, concluye.