La Provincia de Buenos Aires aspira a ser la primera en adherir a la ley de Responsabilidad Penal que castiga la corrupción empresaria, convertida en ley la semana pasada por la Cámara de Diputados de la Nación tras las modificaciones realizadas por el Senado.

El oficialismo de Cambiemos, a través del diputado bonaerense César Torres, presentó un proyecto que permitirá, ahora en el territorio provincial, contar con una norma que sancione a personas jurídicas por los delitos de corrupción contra la administración pública.

"El objetivo del régimen recientemente sancionado es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción, a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la administración pública por medio de la implementación de programas de integridad, y cooperen con las autoridades, de manera de coadyuvar a una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal", expresa el texto de la iniciativa del diputado Torres.

Entre otros puntos, a través de la normativa nacional, se acotará a los delitos de cohecho (pago de coimas); tráfico de influencias nacional o transnacional; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusión (exacciones ilegales); enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y falsificación de balances.

El legislador oficialista añade en los fundamentos de la iniciativa que "la amenaza de sanción a las personas jurídicas y la posibilidad cierta de mitigar su responsabilidad cuando hubieran colaborado en la prevención y detección de los delitos contra la administración pública, son herramientas para aumentar la prevención de la corrupción y, al mismo tiempo, robustecer la eficacia en la persecución y el castigo a los partícipes individuales".

Según Torres, la norma que intenta replicar la Provincia, se inscribe dentro de los estándares mundiales, asegurando que "está en línea con las legislaciones de los países que cuentan con sistemas consolidados de responsabilidad de las personas jurídicas por hechos de corrupción, como España, Estados Unidos, Brasil y Chile".