La Justicia, por orden del juez Ariel Lijo, comenzó a peritar el plan de viviendas del partido de La Costa por el que fue denunciado el ex vicepresidente de Cristina Kirchner junto a los dos últimos intendentes del distrito, Juan de Jesús y su hijo Juan Pablo.

En efecto, la investigación judicial –iniciada a raíz de una nota publicada en revista La Tecla- hace hincapié en el pago a la empresa Canteras FC por la construcción del Plan Federal de Viviendas que, finalmente, no se concretó.

El hecho ocurrió en 2005, cuando Amado Boudou se desempeñaba como secretario de Hacienda del municipio de La Costa, y cuya firma aparece en los expedientes.

El ex presidente del Senado siempre fue muy cercano a Juan de Jesús (por entonces intendente) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna). Los tres fueron denunciados ante la Justicia Federal por el concejal y ex candidato a intendente vecinalista Marcos García, quien se presentó como querellante.

El origen de la cuestión se remonta al año 2007, pero, curiosamente, una sesión del Concejo Deliberante realizada en 2014 desempolvó el caso y movió a que desde la oposición decidieran avanzar con la denuncia contra los dos De Jesús y Boudou, por presunta “defraudación al Estado nacional”.

La tapa de la edición de La Tecla del 30 de agosto de 2007 fue “El misterio de las casas voladoras”. De allí quedó el mote con que el asunto es conocido en el distrito costero.

La nota hacía referencia a la relación cercana entre la comuna y la empresa Cantera FC S.A., adjudicataria de varias licitaciones en La Costa, entre ellas las de la construcción de un par de escuelas y 486 viviendas correspondientes al Plan Federal (donde los fondos eran girados por Nación pero la ejecución y control de obra quedaba a cargo de los gobiernos locales).

El convenio con Nación se firmó en 2005, cuando Amado Boudou era secretario de Hacienda del intendente Juan de Jesús. La licitación la ganó Cantera FC, y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar. Así quedaron, porque Cantera FC, ante la denuncia de proveedores que habían recibido cheques sin fondos, entró en convocatoria de acreedores, pese a haber cobrado ya unos 24 millones de pesos. Luego vino la quiebra.

Cantera FC cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda “por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición.

El 25 de junio de 2014, se llamó a sesión del Concejo Deliberante de La Costa. Entre los asuntos a tratar figuraba un convenio con el Banco Hipotecario, por una suma de 1.930.000 pesos. Pese a que no se informó demasiado al respecto, los bloques opositores se enteraron de que era por una deuda por Cantera. El proyecto salió porque el Frente para la Victoria impuso su número mayoritario.

DISPARADOR DE LA DENUNCIA

Marcos García, ex concejal del bloque A toda Costa, decidió avanzar en el asunto y se contactó con un estudio de abogados para concretar la denuncia a presentar.

“El Banco Hipotecario reclama una deuda de Cantera, porque Cantera dice que todavía la Municipalidad le debe plata por algo que nunca terminó, y la municipalidad ya le pagó”, aseveró el edil a La Tecla en 2014, cuando inició la denuncia.

Por aquel entonces, el juicio del Banco Hipotecario estaba en el Juzgado Contencioso 1 de los Tribunales de Dolores, y aún no tenía sentencia. Por ello el denunciante se quejó de que “la Municipalidad, sin una sentencia, homologa un convenio para pagarle. Además, en la contestación de la demanda la municipalidad dice cuatro cosas: que no le puede pagar por algo que ya pagó, que le pagó por algo que nunca se terminó, que no le puede pagar a un tercero porque Cantera está quebrada, y que renuncia a todos los cheques que emitió a favor de Cantera”.

“Entonces nosotros vamos a ir a un juzgado federal, porque queremos ir hasta el origen de la deuda, porque el damnificado es el Estado nacional (debido a que corresponde al Plan Federal de Viviendas), y se quiere pagar por algo que nunca hicieron. Queremos que se diga por qué se pagó en aquel momento y por qué se intenta volver a pagarle ahora”, afirmó García.

“La denuncia es a Amado Boudou, a Juan de Jesús y a Juan Pablo de Jesús”, especificó el ex concejal. Y detalló: “A Juan de Jesús por haber pagado junto a Boudou por una obra que nunca se hizo, y a Juan Pablo de Jesús por querer pagar ahora un monto de una deuda que él mismo, cuando contestó la demanda del Banco Hipotecario, dijo que no se puede pagar porque la obra no se hizo, porque Cantera está quebrada y porque desconoce el origen de la deuda”.

En tanto, la carga sobre el ex vicepresidente está centrada en que “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados”; y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García.

También se hará foco en los certificados de obra. Desde el origen del conflicto el municipio culpó al arquitecto Juan Vidal, por entonces funcionario del área de Planificación, y quien supuestamente debía hacer el seguimiento de la obra. Incluso en aquella edición del 30 de agosto de 2007 de La Tecla, desde el municipio trataron al ya despedido Vidal como “un funcionario fácil de comprar”, a la vez que tildaron a Cantera FC de “una empresa poco seria”.

Cuando el escándalo estalló en los medios, y las casas del Plan Federal sin terminar eran la imagen vívida del abandono, Amado Boudou estaba en la Anses, en el primer escalón de su meteórica carrera en las altas esferas del kirchnerismo. En La Costa quedaron muchos amigos, entre ellos la familia De Jesús, y Amado Zogbi, rector de la Universidad Atlántida Argentina, procesado como “partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta”.

En La Costa muchos sospechaban que Boudou “tenía algo más que ver con Cantera FC que la mera relación de contratante y contratista”. También se siembran mantos de duda sobre la participación del vicepresidente en el traspaso de la fundación Atlántida, responsable de la Universidad Atlántida Argentina, donde encontraron conchabo varios amigos del procesado por la causa Ciccone.

También en 2014, por orden del Juez Lijo, Gendarmería allanó la Municipalidad del Partido de la Costa en busca de siete expedientes vinculados a las maniobras fraudulentas con el plan de viviendas y la construcción de dos escuelas por las que están imputados el ex vicepresidente, Amado Boudou, y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

En comunicación con este medio, el edil, Marcos García, denunciante en la causa, indicó: “Por algún lado se filtró la información del allanamiento. Yo estuve declarando entre las 10 y las 12.15 y no sabía nada hasta último momento. Pero la municipalidad sabía”.

Además, el concejal dijo: “Han pasado años y en este tiempo no transcurrieron las pruebas a favor de la justicia sino del kirchnerismo, pero tenemos muchos elementos desde la firma irregular del contrato”. En relación a cuáles son los pasos a seguir, García señaló: “Ahora sigue la investigación, la declaración de los testimonios, los informes bancarios por emisión de cheques. Boudou se va el 29 de diciembre de 2005 de la Secretaría de Hacienda, habiendo pagado sólo una parte” y agregó: “La investigación podrá llevar un año, el juez actúa rápido”.

Ahora, mediados de 2017, la investigación sigue su curso con la orden de Lijo de peritar la construcción de las viviendas que, efectivamente, nunca se concretaron.