El pasado viernes ingresaron al Senado de la provincia de Buenos Aires dos proyectos por parte del Poder Ejecutivo, con el fin de reformar el Código Civil para tener un mejor accionar en los reclamos por cuotas alimentarias. En ese sentido, el Ejecutivo quiere modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia y la Ley 13.074 que regula al Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Son las dos primeras leyes (A-1 24/25 y A-2 24-25) que Axel Kicillof manda a la Cámara alta tras haberse iniciado el período de sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Las iniciativas pretenden facilitar los mecanismos de reclamo ante la justicia con el fin de “asegurar el derecho alimentario de las infancias, fortalecer la autonomía de las mujeres que cuidan, generar las condiciones para garantizar una vida libre de violencias sin discriminación en el acceso a una tutela judicial efectiva”.

Los proyectos en cuestión tienen como fin realizar las siguientes modificaciones:

A: Establecer parámetros de determinación de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental que obedezca a garantizar el derecho humano de vivir con dignidad y tener un nivel de vida adecuado.

B: Reconocer la desigualdad entre las partes del proceso de alimentos derivado de la responsabilidad parental y equiparar la situación de NNA en desventaja.

C: Incorporar al proceso herramientas eficaces dirigidas a las personas usuarias de la justicia para la obtención de una respuesta rápida, ágil y flexible en aras de satisfacer los derechos de las personas más vulnerables, como son las infancias en el marco de un plazo razonable.

D: Reducir la litigiosidad en favor de una resolución rápida y pacífica de los conflictos.

E: Fortalecer la autonomía en el proceso de toma de decisiones de las mujeres madres, como usuarias del servicio de la justicia.

El proyecto marca como una seria dificultad la notificación para dar inicio al reclamo alimentario y proponen incorporar la aplicación de mensajería de WhatsApp como documento electrónico y digital.

Es por esto que el proyecto busca reformar el Decreto Ley 7425/68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, con respecto a la notificación personal o por cédula.