Miguel Bayón referente de la Asamblea aclaró que el pedido no es por la estatización de todo el puerto, sino que pedido concreto esta referido a una de las tres terminales exportadoras que hay en el Puerto de Quequén. Por la misma pasa el 40% del cereal que sale desde ese lugar. En su momento esas instalaciones pertenecieron a la Junta Nacional de Granos. Vale recordar que las tres terminales fueron concesionadas en 1992 durante 30 años, ese plazo caducó en noviembre pasado. A partir de ahí se llegó a un acuerdo que incluye una prórroga por un año más.

El miembro de la Asamblea Popular por la Soberanía del Puerto de Quequén, continúo: “estamos pidiendo que el estado vuelva a ejercer la operatoria de la terminal y constituya una exportadora, porque Argentina no exporta granos”, y agregó: “Eso generaría innumerables beneficios económicos. Habría una empresa testigo. Cuando vos ejerces la administración, tenes el control, las multinacionales actúan por declaración jurada, hay ciertos controles, de la Aduana, AFIP, pero son deficientes, entonces, al mentir las cantidades, y fundamentalmente, los precios, sub facturan las exportaciones, evaden impuestos. Concretamente un tercio de las mismas no se declaran, por lo cual el estado no recauda divisas en concepto de derechos de exportación, retenciones y ganancias”.

Desde la Asamblea están pidiendo que el estado se presente a una licitación, porque aseguran que no hay que cambiar ninguna ley, simplemente es una decisión política. Las instalaciones fueron construidas con fondos públicos, por lo cual es viable de poder llevarlo a cabo, sostienen.


Maximiliano Cantoni, es economista, vive en Quequén, y es conocedor del puerto de la ciudad. Se refirió a la situación: “El caso del puerto de Quequén es ilustrativo: después 30 años, esa terminal tiene participaciones accionarias de las multinacionales cerealeras Bunge & Born, Cofco, Cargill, entre otras, pero sin desarrollo territorial y con incumplimiento del canon que deben pagar y con una escaza fiscalización del estado, lo que alienta maniobras evasivas y especulativas y subfacturación de exportaciones.

Al ser consultado sobre lo sucedido después de noviembre de 2022 fecha en que operó el vencimiento de la concesión, comento: “primero había un silencio absoluto de parte del consorcio administrador, eso generó que se conformara una asamblea que puso en discusión la situación. Vino el gobernador, nos reunimos y nos dijo que había que cambiar la Ley de Puertos”, y agregó: “estamos de acuerdo dado que esa ley permite la administración privada. El estado en ese modelo tiene un papel decorativo, tiene voto, pero no ejerce supremacía”.

Finalmente, sostuvo, que”están dadas las condiciones para llevar a cabo una nueva licitación que permita encontrar otros prestadores, en condiciones reparadoras a las actuales".