“La pandemia dejó al descubierto la desigualdad en la que vivimos en Argentina. Nos demostró que vivimos en un país injusto y que la calidad de vida incide fuertemente en el riesgo de contagio”, señaló el presidente Alberto Fernández durante su último paso por la ciudad de La Plata.

El coronavirus avanza a paso firme en las zonas más postergadas del país y tiene su especial foco de contagio en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde residen más de 14 millones de personas.

Esta situación quedó al descubierto cuando el Ejecutivo nacional decidió que tanto la región, como las localidades bonaerenses de más de 500 mil habitantes, continuaran en la Fase 3 del Aislamiento Social, Obligatorio y Preventivo (ASPO), mientras el resto del país avanzaba hacia la Fase 4.

Durante el mes de mayo, la Dirección Provincial de Estadística publicó un informe detallado de las condiciones de vida de los seis aglomerados bonaerenses, para el que se procesaron los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al segundo semestre de 2019.

Para su elaboración se tuvieron en cuenta una serie de indicadores: características habitacionales, que dan cuenta de la calidad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, saneamiento y la disponibilidad de agua; servicios públicos, vinculados al acceso de los hogares al suministro de agua corriente, gas de red y desagües cloacales; características del hábitat, teniendo en cuenta la cercanía a basurales y la proximidad a zona inundables; el régimen de tenencia de la vivienda; la cobertura médica y el nivel educativo de los censados.

Si bien los resultados son abrumadores, no sorprenden. La desigualdad en la provincia de Buenos Aires es uno de los principales problemas estructurales y que se ha agudizado en los últimos años a raíz de la crisis económica. Por ejemplo, en los aglomerados de la Provincia hay más de 419 mil hogares que no tienen baño. Es decir, que más de un millón y medio de personas no cuentan con descarga de agua para sus desechos. Asimismo, el 19,9% de los hogares (3.179.754 personas) no accede a la red pública de agua corriente; el 30,8% (5.234.316 personas) no dispone de gas de red; y el 39,3% (6.389.462 personas) carece de conexión a las redes cloacales.

A mediados de 2019, el gobierno de María Eugenia Vidal realizó una serie de censos en barrios populares de la Provincia, a fin de determinar las condiciones de vida de sus habitantes. Uno de ellos fue llevado a cabo en Villa Azul y Villa Itatí, en el partido de Quilmes, donde ahora el Ejecutivo provincial lleva adelante una de las campañas sanitarias más importantes a raíz de la detección de un fuerte brote de Covid-19.

Este censo arrojó resultados que hoy explican el porqué de la expansión del virus. En Villa Azul, por ejemplo, el 79,5% elimina sus desechos en pozo ciego, zanja, hoyo o excavación en la tierra. Apenas el 3,6% lo hace a la red pública, es decir, cuenta con cloacas. En Villa Itatí los números son similares: el 63,4% lo hace en pozo, mientras que el 24,5% lo hace a la red pública. El resto tiene cámara séptica o, directamente, no posee cuarto de baño.

En cuanto a combustible, el 93,6% de ambos barrios utiliza gas a granel o en garrafa. En Villa Azul, por ejemplo, ninguno de los censados aseguró contar con gas de red, mientras que el 3,6% aseguró ni siquiera contar con sistema de provisión alguno.

Los censos en barrios populares durante 2019 también se replicaron en otros dos distritos. En Almirante Brown, se relevó “Don Orione Viejo” y “Libertad”; mientras que en Tigre lo hicieron en “El Garrote”. Los resultados de los informes, lamentablemente, son similares: escaso acceso a la red pública de agua, gas y electricidad, además de una insuficiente calidad constructiva de la vivienda, indicador común en la mayor parte de los hogares censados.

Algunos de los datos más llamativos: en barrio Libertad, el 16,2% no tiene electricidad; en Don Orione Viejo, el 63,4% elimina sus desechos a pozo ciego, zanja, hoyo o excavación en la tierra; mientras que en El Garrote el 73,3% no tiene medidor de servicio eléctrico.

Estos son apenas algunos de los números que dan cuenta de la realidad que se vive en apenas algunos de barrios más vulnerables de la Provincia, en donde actualmente existen 1.800. La desigualdad estaba ahí antes de la pandemia, lo único que hizo el coronavirus fue hacerla visible.


Cómo es el acceso a la cobertura médica

En medio de una pandemia, la cobertura médica resulta fundamental. De acuerdo al informe de la DPE sobre los seis aglomerados de la Provincia, el 64,5% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia, mientras que el 35,5% solo posee cobertura médica a través del sistema público. Este último porcentaje equivale a 5.115.056 personas que se volcarán a hospitales nacionales, provinciales o municipales si necesitan atenderse ante una emergencia o por posible caso de Covid-19. Eso explica la necesidad de los distintos poderes ejecutivos en reforzar rápidamente la disponibilidad de camas.

De los que dependen del sistema público, el 44,8% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años), mientras que este porcentaje desciende al 3,9% en el grupo de adultos mayores (65 años y más). El 96,0% de la población de adultos mayores cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia