“Nuestra voluntad es cumplir con los contratos”, remarcan en el entorno del gobernador Axel Kicillof, pero aceptan que no hay dinero para afrontar los pagos de capital de la deuda externa (sí ya existe el compromiso de abonar los intereses) y que si los acreedores no toman la propuesta de la postergación tampoco van a cobrar porque, lisa y llanamente, “no hay plata”.

Una dificultad para cerrar el acuerdo es la dispersión de tenedores que tiene el bono, con muchos minoristas que poseen la letra. Aunque este sector es con el que más se ha avanzado en la negociación para postergar el pago.

Sin dar precisiones acerca de un porcentaje concreto de los bonistas que aceptaron ya la proposición de la Provincia, desde Economía anticiparon que “hemos obtenido la adhesión de una parte importante, incluso del universo más chico”, aunque eso no alcanza para completar el 75 por ciento de los ahorristas que deben prestar conformación para que el plazo quede formalmente prorrogado.

Al Gobierno le queda negociar fundamentalmente con los Fondos de Inversión, que ayer pidieron una extensión del plazo y un “plan sólido e integral” respecto al pago de la deuda total de la administración provincial. Por eso el Ejecutivo prorrogó los tiempos de la negociación hasta el 31 de enero (vencían hoy), con la esperanza de acordar y evitar el default de la Provincia.

En rigor, si el viernes de la semana que viene los tenedores del 75 por ciento de la deuda no aceptan la propuesta y el miércoles 5 de febrero (día que vence la gracia a partir del vencimiento del 26 de enero) la Provincia no paga, Buenos Aires habrá entrado en default, al menos de este bono. De todos modos, en el Gobierno hay un moderado optimismo de que se va a llegar a la meta y se pateará el vencimiento para el 1 de mayo.

Que los Fondos de Inversión hayan pedido una extensión del plazo, y que el Gobierno lo otorgara es visto como una buena señal de los dos lados. Los inversores encontraron una rápida respuesta y la celebraron, y en el Ejecutivo estiman que ello llevará a que finalmente acepten la postergación. En caso contrario no cobrarán tampoco el 5 de febrero, porque los fondos no están y Nación ya anticipó que tampoco los facilitará.

Si se consigue la postergación, la apuesta bonaerense es que las negociaciones de la deuda nacional, que por añadidura incluirá negociaciones de las deudas provinciales, lleguen a buen puerto antes del primero de mayo, y que de esta manera quede renegociada toda la deuda externa. Como se sabe, tanto Nación como Provincia proponen un reperfilamiento que incluya tanto una extensión de los plazos como una quita de capital.

Con el aplazamiento del pago de la cuota de 250 millones del bono BP21, Buenos Aires logrará comprar tiempo para renegociar toda la deuda. Eso sí, si para mayo el reperfilamiento no está concluido la Provincia se habrá metido en un verdadero lío, e indefectiblemente entraría en default.

Es que ese mes, además del mencionado bono BP21 postergado, las arcas bonaerenses deberían desembolsar 110 millones de dólares del bono PAR. Es decir que en mayo los vencimientos serían por un total de 360 millones de dólares que ni aún la previsión más optimista dice que estarán en la caja del ministerio de economía. Ese es un punto sobre el que los bonistas también piden alguna precisión.

Tampoco la gente de Kicillof está en condiciones de anticipar demasiado acerca del plan integral que tiene sobre la deuda, porque todo dependerá luego de las negociaciones encaradas por el gobierno nacional. “Hoy, la Provincia está en dificultades para tener ese plan de integral”, aceptan fuentes vinculadas al área económica.

El Gobierno, además, propone por ahora sólo extensión del plazo de pago y respetar las condiciones del bono sujetas en el contrato, pero por el momento no ofrece ningún incentivo extra para tentar a los acreedores. Confían, no obstante “en el diálogo constructivo” que se mantiene con los ahorristas y los Fondos de Inversión. También se aduce áreas gubernamentales que “ellos (por los ahorristas) entendieron nuestro planteo”, sobre la imposibilidad de abonar ahora a partir de largas explicaciones de cómo la actual administración recibió las cuentas.

POSIBLES JUICIOS

Si bien cuando le votó las emergencias y la prórroga del Presupuesto la Legislatura le otorgó a KIcillof la posibilidad de un nuevo endeudamiento, el Gobierno no echará mano a esa herramienta para pagar vencimientos de capital, fundamentalmente porque las condiciones del mercado internacional no son propicias para avanzar en ese sentido.

Entonces, si finalmente no se consigue extender el vencimiento, los bonistas quedan habilitados para ir por dos caminos judiciales. El primero es la presentación ante la Justicia de los tenedores del BP21 exigiendo el pago de los 250 millones de dólares con fecha de vencimiento el 26 de enero. Lo que técnicamente se traduce en un default sólo de ese bono y de ese vencimiento.

Pero los ahorristas tienen además la posibilidad de una vía judicial más engorrosa y larga, pero que pone a la Provincia no sólo en la categoría de default de este bono, sino que abre las puertas para que todos los tenedores, de todos los bonos, pidan el default. Esa vía es la de solicitar, ante un incumplimiento, el pago total de la deuda. En el caso del BP21 son 500 millones de dólares (250 vencen el 26 de enero de 2021).

El total de la deuda bonaerense en bonos con legislación extranjera, sólo de capital, es de 7.000 millones de dólares, con vencimientos que operan casi por la mitad durante el gobierno actual. Lo que se dice un panorama sombrío, máxime si no se sale con la primera negociación.