La incesante inflación y devaluación del peso de los últimos meses generó que muchas de las obras viales llevadas adelante por Proyectos Público Privados (PPP) tuvieran que suspender sus contratos de concesión.

Por eso, el presidente Mauricio Macri decidió que cinco de esas rutas no adjudicadas sean gestionadas por una sociedad estatal, compuesta un 51% por la Secretaría de Transporte y un 49% por Vialidad Nacional.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial de la Nación, especificó los distintos tramos que estarán bajo la administración del Estado, hasta tanto se finalice la licitación por concesión tradicional o, como estaba previsto, por PPP cuando el contexto macroeconómico lo permita.

En este sentido, a partir de ahora, Corredores Viales SA concesionará diferentes etapas de las rutas nacionales 9 y 34 (en Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy); la 188 (provincia de Buenos Aires); la 19 (Santa Fe y Córdoba); la 12 (Corrientes y Misiones); la 16 (Corrientes y Chaco); la 8, entre las provincia de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, y de la 36, en Córdoba.

La concesión tendrá un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de toma de posesión, con posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos, y será el Estado quien fijará las tarifas y los reajustes de peajes, así como también las obras a ejecutar.