La Plata, Bs As.
Jueves, 28 marzo 2024

CONGRESO
El debate pendiente de la ley de semillas
El Gobierno amagó con sacar por decreto una iniciativa que quedó empantanada en el debate legislativo, en el que hay intereses de varios sectores. Dudas por el límite del uso propio y las regalías
El debate pendiente de la ley de semillas
El Gobierno nacional insinuó avanzar con una reforma a la ley de semillas por decreto pero retrocedió rápidamente, en medio del contexto político-económico. La intención, que había trascendido días atrás, hubiera representado una manera de superar el debate estancado en el Congreso, donde el proyecto quedó detenido.

Intereses empresarios, aliento gubernamental, respaldos y rechazos de entidades agropecuarias, opiniones divididas en las fuerzas partidarias y resistencias de asociaciones y colectivos de productores envuelven la discusión que no desaparece de la agenda política.

En concreto, la iniciativa fija modificaciones a la ley nacional 20.247 de semillas, de 1973, y avanza sobre aspectos claves. El proyecto establece que los productores deberán pagar regalías extendidas por la utilización de semillas más allá de la compra inicial. Hasta ahora tienen garantizado el uso propio sin restricciones.

El eje está puesto en la multiplicación de la semilla y, acaso, en la vedette de la actividad agropecuaria, la soja, que puede ser resembrada sin necesidad de realizar una nueva compra. Los productores pueden guardar granos y plantar en otra campaña agrícola, dado que se trata de una semilla autónoma. Es lo que se denomina el uso propio, ahora en discusión. Un agregado: la soja es atractiva por su alto nivel de exportación.

La reforma tuvo dictamen de comisión en 2018, aunque el oficialismo no logró llevar el proyecto al recinto, incluso exceptuando de regalías a pueblos originarios, agricultores familiares y productores con una facturación baja.

“La categoría micropyme está cerca de $10 millones, y todos los productores con esa facturación quedarían exceptuados. Me parece un monto razonable para a partir de ahí sí ya tener la obligación de retribuir a quienes investigan”, afirmó a La Tecla el diputado Atilio Benedetti, titular de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja.

Quienes promueven el proyecto sostienen que es necesario recompensar las investigaciones de empresa para mejorar las variedades vegetales. Además indican que ya hay firmas que celebran acuerdos privados en los que están fijadas de facto las regalías.

Si se formalizaran los cambios se estima que el mercado de semillas podría llegar a mover US$ 1.000 millones. Hoy, el mercado legal mueve US$ 200 millones, según trascendió en el debate.

Los críticos defienden el derecho al “uso propio” y cuestionan el modelo propuesto, al que consideran atravesado por la lógica comercial y promovido para maximimar ganancias millonarias.

“Lo que importa es el uso propio como un derecho inalienable y un acto inherente a la agricultura como actividad humana que debe ser considerado esencial para la diversidad genética y por lo tanto merece una protección especial, cualquier restricción atenta contra ella”, señaló Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos.



El respaldo de Provincia a la búsqueda nacional

Los funcionarios de María Eugenia Vidal salieron desde el primer momento a respaldar el debate que impulsó la Nación en el Congreso. “La Argentina ne-cesita de forma urgente una ley de Semillas que genere certezas. Las compañías, sean nacionales o in-ternacionales, necesitan tener certidumbre, porque así generan producción y empleo y mejoran la calidad de vida de las personas”, afirmó Sarquís ante la consulta de La Tecla.

A su vez, el subsecretario Miguel Tezanos Pinto, que participó del debate el Congreso, dijo que la iniciativa “promueve inversiones y potencia la productividad”.

Según el gobierno bonaerense, el 75% de los semilleros del país se encuentran en la Provincia


“Queremos dar certerza de respaldo a la innovación”
Horacio Salaverri, miembro de la comisión directiva de Carbap, destacó el respaldo a la iniciativa como parte del apoyo a la innovación en variedades vegetales.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que haya un pago de regalías para todo lo que es investigación e innovación. El tema es cómo se determina, por cuánto tiempo y cómo se ve la cuestión del uso propio gratuito”, especificó Salaverri ante la consulta de La Tecla.



“Se concentraría la cadena en empresas poderosas”
Carla Poth, investigadora de la Universidad de San Martín y miembro de la multisectorial de rechazo a la reforma, aseguró a La Tecla que la iniciativa tiende a concentrar la cadena productiva “en muy pocas empresas semilleras con un poder global inmenso, como Bayer y Monsanto”. A la vez pidió pensar a las semillas como “alimentos” y no como tecnologías. “La base de nuestra cadena y diversidad alimentaria depende de las semillas, que circulen y se produzcan. El control en esas pocas manos implicará el poder de definir qué alimentos comeremos y cuáles no”, apuntó.


“La semilla no es solamente una mercancía”
Irene Velarde, profesora y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, señaló que la semilla es un bien de reproducción, “no solamente una mercancía”. Y en esa línea defendió las semillas criollas y nativas que utilizan los agricultores.

“Una semilla criolla es lo que garantiza en parte tener una reserva genética, para hacer en el futuro mejoramientos genéticos ante situaciones no previstas. Si se arrasa con semillas criollas o nativas, solo permanecen las producidas por transnacionales”, sostuvo.

A la vez puso en discusión la excepción para pequeños productores: “En Argentina no es tan sencillo muchas veces demostrar esa condición. Incluso se han desmantelado entes de registro de la agricultura familiar”.



La discusión por las regalías que se tendrían que pagar en el campo
En la actualidad, productores se ven obligados a firmar contratos privados para recibir semillas de la “soja intacta”, una variedad más resistente a las plagas, diseñada por Monsanto. Mediante ese contrato -apuntan especialistas-, las empresas deducen parte de los granos al momento de la venta, en lo que es una regalía extendida de facto.

Atilio Benedetti, impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados, sostuvo que mu-chos sectores buscan llevar “confusión”, y enfatizó que la iniciativa busca poner controles para las grandes firmas. “La ley aportaría justicia y equidad. Hoy, solamente una empresa, que tiene una posición dominante y a través de un acuerdo extraestatal, es la que cobra derechos de propiedad intelectual por un evento biotecnológico. Esto no es posible, porque los otros semilleros no tienen la posibilidad de ver retribuido su trabajo”, fundamentó Benedetti.

Sin embargo, la posición es resistida. Irene Velarde, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, señaló que el proyecto plantea otro paradigma. “Si un agricultor guarda semillas de aquellas plantas que les dan mejores rindes y que son resistentes, nadie le paga nada por mejorar la semilla”, apuntó.

Al mismo tiempo resaltó que los productores pueden descontar por Impuestos a las Ganancias “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semillas fiscalizadas”. Entonces reflexionó: “Esto indica que quien va a comprar la semilla va a ser el Estado, lo que parece una transferencia de recursos a las multinacionales”.
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