La ofensiva del gobierno de María Eugenia Vidal para liquidar el control estatal sobre los puertos provinciales tendrá próximamente su golpe final, con el anuncio de que se privatizará el último en manos de la Provincia: Coronel Rosales.

La terminal ubicada en el sur del territorio bonaerense se sumará en las próximas semanas al sistema de Consorcios de Gestión, con participación y control privado y bajo la figura de un ente de derecho público no estatal.

Tras el proceso de privatización que sufrieron Bahía Blanca y Quequén, en 1993; Mar del Plata y La Plata, en 1999 y San Pedro, en 2005, durante la gestión de Javier Tizado en el ministerio de la Producción se fueron llenando los últimos casilleros.

Así, en marzo de este año se anunció la conformación del Consorcio de Gestión del puerto de San Nicolás, poco tiempo después de que la Provincia avanzara sobre la potestad estatal del de Dock Sud, en el distrito de Avellaneda.

Desde el Gobierno aseguran que estas medidas, privatizaciones encubiertas -según sindicatos como Sutap- permitirán potenciar inversiones y resolver cuellos de botella operativos y de infraestructura en beneficio de armadores y exportadores.

Adolfo Barja, titular del gremio portuario, rechazó este tipo de medidas y denunció que "lo que se busca es tapar las innumerables denuncias penales en consorcios y estaciones portuarias provinciales, en el manejo de las contrataciones de dragados no realizados, subsidios, contrataciones dirigidas, etc., lo cual profundizaría la incertidumbre de los trabajadores respecto de su estabilidad laboral".