“Tenemos miedo de perder la casa”. La frase de Facundo Garro, un docente bonaerense de 39 años que vive con su pareja y dos hijos, es repetida por miles de familias que sufren los avatares de la línea de créditos hipotecarios con sistema en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y actualización por inflación que lanzó, con bombos y platillos, el gobierno de Mauricio Macri en 2016, pero que no encajó en la desorganizada economía argentina. El sistema de préstamos se sostiene por cuotas y capital de crédito que se actualizan mes a mes según el Indice de Precios al Consumidor del Indec.

“Un préstamo con una cuota similar a un alquiler”, rezaba el canto de sirena en la promoción del crédito del Banco Central, y aseguraba que “la cuota se mantiene siempre como una porción estable de tus ingresos, aun en el caso de que la inflación suba”.

Pero la inflación del 2018 por encima de lo proyectado, con casi 50 puntos, y los aumentos salariales a la baja hicieron tambalear al programa y todo terminó en un excesivo aumento del capital adeudado y de la cuota mensual. En ambos casos, el crédito sufrió incrementos que oscilan entre el 40% y el 70%.

Una familia que en diciembre del 2017 obtuvo un préstamo por 2.276.800 pesos a 27 años, hoy le debe al banco 3.357.874 pesos, más de un millón de pesos arriba del monto inicial; una suba de 90 mil pesos por mes, o 2.961 por día. Pero también el rebote pegó en la cuota: pasó de un pago mensual de 14 mil pesos a más de 21 mil.

“El Gobierno generó una trampa a quienes lo tomaron”, afirma el economista Agustín D’Attellis a La Tecla. Y explica que el supuesto engaño estuvo “basado en que hacía mucho tiempo que no había crédito hipotecario en la Argentina, y se lanzó esta línea atractiva para los bancos pero muy perjudicial para quienes lo tomaron”. El descalabro fue tal que los damnificados comenzaron a contactarse en las redes sociales y se armaron grupos de autoconvocados.

El primero fue en Capital Federal; después, La Plata y otras ciudades bonaerenses, como Mar del Plata, Bahía Blanca y 9 de Julio; además de los principales distritos en las provincias de Santa Fe, Misiones, Mendoza y Tucumán. Los grupos se juntan desde hace un año semanalmente, y en los últimos meses engrosaron la actividad incluyendo encuentros con legisladores y representantes de organizaciones civiles, para poder encontrar una solución.

En la provincia de Buenos Aires lograron colar en el Senado, a través del kirchnerismo, un proyecto para ponerle un techo del 30% a las cuotas de los créditos en relación con los ingresos; pero antes de que llegara al recinto, el bloque Cambiemos mandó la iniciativa a comisión para incorporarle supuestas mejoras.

“Nosotros no pedimos otra cosa que poder pagar la casa, nadie está diciendo que nos regalen la casa”, remarca a La Tecla Daniela Ortiz, una joven que se metió, junto con su pareja, ambos empleados públicos, en un crédito por poco más de un millón de pesos y hoy debe casi el doble. “Si me aumentan mil pesos por mes la cuota, me quedo sin sueldo, no tengo cómo pagarlo”, sostiene, y confiesa que “ya ni sé cuánto voy a pagar el mes que viene”.

En el Gobierno nacional no dan respuestas claras y solo recuerdan que la letra chica del préstamo contempla una cláusula que se puede activar una sola vez a lo largo de la vida del crédito, cuando la cuota supera el 30% de los ingresos. La misma extiende el plazo del crédito y baja la cuota. Pero esa no parece una solución para los deudores.

“No queremos que estiren los plazos, porque es ex-tender el problema”, asevera Facundo Garro, y pide “una solución política urgente”. El fracaso de la línea de créditos hipotecarios quedó blanqueado en las estadísticas del propio Banco Central: en diciembre de 2017 se otorgaron préstamos por 545 millones de UVAS, y en el mismo mes del año pasado, por solo 86 millones. “Dejaron de existir”, asegura D’Attellis.

Pero los afectados no se quieren quedar cruzados de brazos, sino que estudian llevar el caso a la Justicia. Comparan al sistema con las consecuencias nefastas de la famosa circular 1.050, emitida por el Banco Central en 1980, durante la gestión de José Martínez de Hoz, que permitió la indexación de los créditos hipotecarios por un promedio de tasas de interés que motivó que las cuotas se dispararan y numerosos deudores perdieran sus viviendas. Sin embargo, la maniobra podría naufragar, producto de la cláusula que habilita la extensión de plazos.

“Para lo único que sirvió fue para dar fugazmente una idea de que había vuelto el crédito hipotecario a la Argentina después de tanto tiempo y mostrarlo con fines electorales, porque se lanzaron unos meses antes de las elecciones, y terminó de morir en 2018”, dice el economista D’Attellis, y concluye con una frase repetida de la política argentina: “Tuvo un objetivo estrictamente electoral”.