Fuentes del Gobierno nacional le confiaron a La Tecla que se ha avanzado en los últimos días en el acuerdo con la provincia de Buenos Aires para cerrar el Presupuesto Nacional 2019, que le exige a las administraciones provinciales hacer también un esfuerzo en pos de reducir el déficit fiscal, una de las principales exigencias del Fondo Monetario Internacional en el acuerdo firmado con el gobierno de Mauricio Macri.

Tras el reclamo de los gobernadores peronistas, de que tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia homónima dejen de ser beneficiadas con fondos nacionales en cuanto subsidios de energía eléctrica y el mantenimiento de la empresa de agua y saneamiento AySA, en la Casa Rosada comenzaron las negociaciones con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

En principio, si todo el paquete era pasado a la Provincia y la Ciudad, la administración bonaerense sufriría un enorme impacto en su caja, y el esfuerzo se consumiría todo lo que iba a ingresar por la recuperación de recursos del ya desaparecido Fondo del Conurbano. Por esa recomposición, el gobierno de María Eugenia Vidal recibirá 65.000 millones de pesos en 2019.

Significa un incremento de 25.000 millones respecto a este año. Precisamente esa es la cifra que terminaría licuándose en el acuerdo con la Nación, si es que las negociaciones se cierran como todo parece indicar.

El “esfuerzo” de 25.000 millones que Macri le pide a Vidal, la Provincia lo destinará a cubrir parte de los subsidios al transporte, que hoy son exclusivos de las arcas nacionales, y además se haría cargo de las tarifas sociales de los usuarios de AySA y de las compañías eléctricas Edenor y Edesur. No significa el pase completo de las mismas, sino la absorción de la diferencia trarifaria que el Estado le cubre a los más necesitados.

De todos modos, la cobertura de la tarifa social de agua y luz en el Conurbano más el pago de una parte de los subsidios al transporte, no cubren la totalidad de los 25.000 millones. Todavía queda por resolverse qué otros gastos que tiene Nación desde el año que viene deberán ser solventados por las arcas bonaerenses.