La relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo comienza a tensionarse luego de que los miembros de la Suprema Corte bonaerense publicaran una acordada en la que transmiten al gobierno de María Eugenia Vidal “la preocupación por una situación salarial que desconoce la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados”.

En la misiva, el máximo tribunal de la Provincia pone de manifiesto la necesidad de equiparar sus salarios con los percibidos por los jueces de la Nación. “Se ha configurado una brecha relevante entre ambos que, en promedio, para todas las categorías, es mayor al 40% y que, en el caso de los jueces, supera con holgura ese porcentaje”, expresaron.

Asimismo, la acordada -que lleva la firma de los jueces Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Héctor Negri, Daniel Soria, Luis Genoud e Hilda Kogan, y que va “en coordinación con la Procuración General”, a cargo del ex secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand- pone de manifiesto la necesidad de cerrar el acuerdo paritario con los trabajadores del sector, que aún no han llegado a un acuerdo con el Gobierno, tal como sucede con los docentes y médicos bonaerenses.

“El adelanto salarial dispuesto hasta ahora para el Poder Judicial de la Provincia ha sido del 3% a partir de enero y llega sólo al 7% a partir de marzo, pese a que la inflación correspondiente al primer semestre del año ha de ser del doble de este guarismo”, expusieron los magistrados.