Como en uno de los hilarantes grotescos criollos, subgénero costumbrista del sainete, el apacible distrito de Castelli asiste azorado al controvertido guión que escriben sus protagonistas. La trama comienza con un concejal acusado de apropiarse de un millar de durmientes pertenecientes a la vía ferroviaria que va a Mar del Plata, por lo que la Justicia lo investiga y realizó allanamientos. La diferencia con las creaciones de Discépolo o Alberto Vacarezza es que esta obra, versión bonaerense, tuvo un segundo acto.

El clímax llegó cuando dos exintendentes, uno radical (Ricardo Riva) y otro peronista (Ricardo González Oronó), cerraron la grieta y juntos se presentaron ante el Concejo Deliberante para pedir la investigación de un hecho que, si bien no puede ser calificado -hasta el momento- de corrupción, consideran como “poco ético”. Y que podría acabar con la destitución del sospechado.

Las imputaciones recaen sobre Martín Céspedes, edil de Cambiemos y considerado por muchos como un “capanga” de la zona, poseedor de fuertes vínculos con los popes de la UCR provincial, y “afecto a prácticas poco amistosas pero convicentes”, aseguran quienes conocen al dedillo la vida política y social del municipio comandado por el peronista Francisco Echarren.

Los veteranos ocupantes del sillón de la Municipalidad lo acusan de haber utilizado su influencia (fue candidato a jefe comunal y, en las últimas elecciones, candidato a primer concejal) para que Hidráulica de la Provincia repare dos viejos puentes rurales, una obra que la administración bonaerense venía demorando junto con otras similares en la ciudad. Curiosamente, o no tanto, los que se están arreglando (no prioritarios, según conocedores de la zona), con un presupuesto de 9 millones de pesos y a cargo de la empresa GyS -de inocultables vínculos con el duhaldismo- se encuentran ubicados en la zona en la que la familia de Céspedes tiene sus tierras. Conectan sus tres campos y se hallan dentro de ellos, lo que eleva considerablemente el valor de la propiedad. Y un dato no menor: uno de los puentes, el Cortejarena (el otro es el Lynch) lleva el apellido de su abuela materna.

La última sesión del deliberativo de Castelli, dedicada al bochornoso asunto, permitió develar algunas cuestiones que aparecían confusas. Por un lado, Céspedes confesó haber hablado del tema con el vicegobernador, Daniel Salvador, quien podría haber dado el visto bueno para la operación como forma de calmar al díscolo dirigente radical, quien, en momentos en que se comenzó a gestar todo esto, venía disparando munición gruesa contra la Gobernadora, María Eugenia Vidal, por haber llevado al peronista Echarren como subsecretario de Tierras, Vivienda y Hábitat provincial. Lo consideró una traición y amenazó con abrirse de la UCR.

Ni lerdo ni perezoso, el oficialismo propuso, en sesión extraordinaria, mandar todo a una Comisión Investigadora, con la férrea oposición del bloque de Cambiemos. “Los tres radicales se oponen, pero el del PRO quiso levantar la mano. No sabemos por qué después se echó para atrás”, comentó a La Tecla una fuente cercana al Municipio.

El recinto deliberativo fue tomando temperatura cuando peronistas y cambiemitas se enzarzaron en una discusión reglamentaria. Los oficialistas se montaron sobre los 2/3 de los votos que supieron conseguir (cuentan con 6 bancas sobre 10), argumentando que, según la Ley Orgánica, el investigado no cuenta y que los números le dan. La oposición planteó una posición contraria e insistió en la falta de mayoría de las tropas peronistas. Resultado: Céspedes & Cía. amenazaron con ir a la Suprema Corte de Justicia.