El nuevo aumento tarifario por parte de la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) aportó la gota que rebasó el vaso. El incremento del 40% en las facturas puso en el ojo de la tormenta a la dirección encabezada por Raffaele Sardella, un alfil ligado a las empresas privadas del Grupo Macri y de extrema confianza para Franco y Mauricio que, en diciembre del 2015, tomó la conducción del ente que debe velar por una correcta prestación de los servicios de agua potable y cloacas a 79 localidades de la Provincia.

Pero, lejos del espejo sciolista en el que Cambiemos no quiere reflejarse, a más de dos años de su desembarco, la gestión de Sardella no sólo incrementó la factura que les llega a los bonaerenses por un servicio que no se presta de manera correcta, sino que también hizo subir la bronca de intendentes y usuarios.

Ergo, jefes comunales de todos los signos políticos volvieron a agitar el pedido de municipalizar el servicio. El quid de la motivación para sacarle la prestación a la Provincia apunta a tener el control de una prestación por la que los alcaldes viven recibiendo quejas pero no pueden resolver ninguna.

Uno de los primeros en retomar la idea de absorber ABSA en la era Cambiemos fue el mandamás de Carlos Casares, Walter Torchio (FpV), quien en febrero del 2016 batió el parche: “Debido a que el servicio no funciona correctamente y recibimos innumerables quejas de nuestros vecinos, le voy a proponer a la gobernadora María Eugenia Vidal que se hagan las inversiones correspondientes y, luego, que sea el municipio quien gestione y brinde el servicio”.

Aún a la espera de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo provincial, el casarense no ocultó su malestar por el aumento tarifario. “Sin lugar a dudas, es inaceptable que permitan un au-mento a ABSA, cuyo servicio es deficitario y, hasta en algunos casos, inadecuado para la salud del vecino, y en donde algunas inversiones debe asumirlas el Municipio”.

A poco más de 50 kilómetros de allí, en Pehuajó, la situación es la misma. Según pudo saber La Tecla, el jefe comunal kirchnerista, Pablo Javier Zurro, tiene la decisión política de evaluar la posibilidad de que los pehuajenses autogestionen el recurso. Para ello estudian sacar el agua de la localidad de Mones Cazón, donde un estudio que realizó el Instituto Nacional de Agua en la zona certificó una buena calidad del líquido vital.

Desde la Quinta sección electoral, el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, también tiene la idea fija de municipalizar la prestación del agua. El mandamás de Cambiemos, que supo manifestar estar “harto” de ABSA, bajó unos decibeles en las últimas declaraciones públicas; pero aun así, el martes 20 de febrero mantendrá una reunión con Sardella, en la que detallará el plan que tiene en mente para lograr absorber el manejo del servicio a nivel local.



Como muestra de la intención, en la sesión del Concejo Deliberante dolorense realizada el 10 de diciembre del 2017 elevó un proyecto, que fue aprobado por mayoría con la banca de sus ediles, por el cual se da luz verde a la municipalización. “Falta agua en el verano, falta agua en todo el año; hay una desinversión absoluta”, dijo a La Tecla.

Otro distrito de la misma región, Villa Gesell, también busca que el timón sea municipal. Allí, a diferencia de otras ciudades, la empresa que conduce Sardella sólo se encarga del sistema de cloacas. Gustavo Barrera, intendente de la ciudad balnearia por el FpV, señaló a este medio: “Nosotros ya le hemos presentado nuestra propuesta al ministro de Infraestructura, Roberto Gigante; él nos manifestó que habría que estudiar cómo sería el traspaso”.

Barrera expuso su malestar por la falta de inversión de ABSA. “Estamos haciendo cloacas desde la Municipalidad, cuando es una obligación que le corresponde a la empresa; incluso, muchas veces, los vecinos nos acercan los materiales y nosotros ponemos la mano de obra”, explicó el alcalde, al tiempo que agregó: “Lo más triste de todo es que a nuestros vecinos les siguen llegando las facturas como si el servicio se brindara de forma correcta”.

Desde la Sexta sección electoral, Marcelo Santillán, jefe comunal de Gonzales Chaves, fue más allá y hasta emitió quejas por el trato de Sardella: “Estuvimos con el presidente de ABSA dos o tres meses atrás haciendo planteos, porque desde la gestión municipal nos estamos haciendo cargo de las reparaciones; queremos saber cuál es el plan de inversiones que la empresa tiene para Gonzales Chaves, pero, a pesar de que se comprometió a firmar convenios para mejorar el servicio, nunca más supimos nada”. Acto seguido graficó con una frase la falta de compromiso por parte del máximo responsable de ABSA: “Fue como si nos hubieran dado una palmadita en la espalda”.

Guaminí es otro distrito con intenciones de apropiarse del servicio. Su intendente, Néstor Alvarez, anunció en abril del 2016 que iría por la municipalización, y avanza por este tema en reuniones con funcionarios de Infraestructura bonaerense. Pidió para que Provincia sostenga la planta de trabajadores locales. “No hay otra solución que pasar a la municipalización, es una decisión política”, espetó.

En el mismo sentido, mandamás de Salliqueló, Jorge Hernández, busca que el servicio pase de manos. “La cooperativa local ya brinda varios servicios públicos, y está en perfectas condiciones de manejar el agua y las cloacas. Las facturas tienen un alto nivel de cobrabilidad y no se ve que esa plata vuelva en mejoras”, explicó a La Tecla el alcalde de Cambiemos. La propuesta ya fue acercada a Sardella.

Como sea, con mayor o menor paciencia, los jefes comunales hacen fila para huir de ABSA. La empresa que conduce Sardella perdió 9 municipios desde 2016 a esta parte, y en las gateras se alistan -al menos- 6 ciudades más. La falta de inversión y mantenimiento, sumada a la pésima calidad del agua, chocan de frente con el nivel de recaudación que obtiene en los distritos. Frente a una gestión que hace agua, los intendentes quieren dejar de poner la cara y empezar a responder por un servicio que esté entre sus manos.



A falta de medidores, bueno es el revalúo inmobiliario
A partir del 1 de abril, el costo del módulo por metro cúbico pasará de 5,74 a 8,04 pesos. La decisión de aumentar la tarifa fue debatida en una audiencia pública obsoleta, debido a que no tenía carácter vinculante. Ergo, sólo funcionó como una puesta en escena donde dirigentes, concejales y legisladores se sacaron las ganas de despotricar contra la decisión empresarial.

La suba del 40% es una mera pantalla, debido a que muchísimas facturas superarán ese porcentaje de incremento. El quid de la cuestión radica en que, en la mayoría de los hogares, ABSA no cobra mediante medidores que registren la cantidad de litros consumidos por una familia, sino que tiene atado el importe de su servicio al valor del Inmobiliario.

Como es de público conocimiento, desde enero, la provincia de Buenos Aires subió este impuesto en un 56%. Es decir que, a raíz del revalúo fiscal para actualizar el valor de las propiedades, también se actualiza la tarifa de ABSA. Por caso, una propiedad tipo con una valuación fiscal superior a 500.000 pesos deberá abonar un mínimo de 40 m3 de agua mensuales.

Así las cosas, como corolario de la suba, una familia bonaerense termina pagando por una cantidad de agua determinada que rara vez llega a consumir, ya que se prioriza el pago de una tarifa fija por sobre otra que haga foco en abonar lo que se insume, algo que -además- también atenta contra el uso racional del recurso vital.

La fuga de los municipios de ABSA, un éxodo que habla por si solo
Al igual que una fuga de capitales pero de municipios. Son ocho los distritos bonaerenses que a lo largo de 2016 y 2017 huyeron de la órbita de ABSA: Moreno, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Presidente Perón, Merlo y Florencio Varela. Estos pasaron a funcionar bajo la órbita de AySA, que depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, conducido por Rogelio Frigerio, y que, además, estima sumar a Pilar a mediados de este año.
La empresa ya elevó un plan de obras para dichos distritos que tiene como objetivo alcanzar el 100% de cobertura de agua potable de red y el 75% de desagües cloacales en los próximos ocho años.

El plan de expansión comenzó en noviembre de 2016, al oficializarse la llegada de los servicios de agua y cloacas al partido de Escobar. Un mes más tarde se sumaron José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas. A comienzos de 2017, la compañía de agua y saneamiento desembarcó en Presidente Perón; y más tarde se unieron a la concesión los partidos de Moreno y Merlo. El último fue Florencio Varela.

La operatoria de desembarco fue similar en todos los casos: las primeras acciones llevadas a cabo fueron de ordenamiento de las instalaciones, dotación de recursos, capacitación del personal y de elaboración de los proyectos de licitación para obras de expansión y mejora del servicio.