Discusión tupida para una compleja ley. La puja por unificar criterios que sirvan como marco regulatorio a los 135 municipios bonaerenses en materia de fumigaciones, no ahorra en polémica. Recientemente aprobado en la comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara Baja, el proyecto para establecer la correcta y racional utilización de los productos fitosanitarios y plaguicidas girará a la comisión de Legislación General, y una vez aprobada en Diputados retornará al Senado (cámara de origen), porque le hicieron modificaciones. Según consignaron fuentes legislativas a La Tecla, esperan que la ley sea sancionada entre abril y mayo de 2018.

La iniciativa que se trabaja en Diputa-dos es mirada de reojo por parte de distintas asociaciones ambientalistas. Es que achica drásticamente, respecto de numerosas ordenanzas municipales que rigen en la actualidad, los metros de distancia con relación a una población para poder realizar las aplicaciones. El quid de la cuestión radica en las interpretaciones para definir lo que se considera Zona de Exclusión (ZE) y Zona de Amortiguamiento (ZA).

En efecto, la propuesta que dio el puntapié inicial fue redactada por el senador exmassista Alfonso Coll Areco, y estable-cía zonas de exclusión para las aplicaciones de agroquímicos conforme a la categoría toxicológica enmarcada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El proyecto planteaba un área demarcada por 500 metros desde el límite de la zona urbana para las fumigaciones aéreas de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y plaguicidas. En tanto, para la fumigación terrestre disponía una zona de exclusión delimitada por 100 metros para aquellos productos considerados como muy peligrosos y de 10 metros para aquellos plaguicidas cuya clasificación toxicológica era poco peligrosa. En tanto, para la zona de amortiguación se prohi-bía todo tipo de aplicación “salvo expresa autorización del Municipio” y -aun cuando este diera el permiso- fijaba una distancia de 500 a 2.000 metros a contarse a partir de la Zona de Exclusión.

La iniciativa de Coll Areco fue aprobada sobre tablas en el Senado y, al aterrizar en la Cámara Baja, los diputados metieron mano y la modificaron sustancialmente, sobre todo en lo concerniente a los límites de la Zona de Amortiguamiento.

Con este nuevo proyecto se eliminaron las categorías toxicológicas como parámetro guía para establecer una distancia acorde a partir de la cual está permitido fumigar, igualando así todos a todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y plaguicidas, sean de mucha o poca peligrosidad. Ergo, se fijaron distancias fijas conforme a la técnica de fumigación. Para las zonas de exclusión, los límites se mantuvieron dentro de las mismas distancias (100 metros la terrestre y 500 la aérea), pero para la zona de amortiguación, esas brechas se vieron acortadas drásticamente, ya que se extirpó el protagonismo del municipio como la figura excluyente para levantar la prohibición de fumigar y se establecieron como franja de seguridad “los primeros 500 metros lindantes al área urbana” y no a partir de la ZE.



Si se sale de la Legislatura bonaerense, comparada con algunos municipios, la normativa que se amasa en Diputados es significativamente más indulgente. En Nueve de Julio, por caso, son 2.000 los metros de distancia a respetar. Mar del Plata, con una ordenanza más permisiva, aun supera los metros que se buscan fijar en la cámara, ya que prevé un kilómetro de brecha a partir del ejido urbano.

Ni hablar si se toma como referencia a municipios como Cañuelas y Luján, donde, directamente, se prohíben las aplicaciones aéreas en todo el territorio municipal.


Sarquis y las posturas de su área como mero actor de reparto

Detallistas en las formas, lo primero que señalan desde el Ministerio de Agroindustria es que la ley no debe estar referenciada con la palabra “agrotóxicos”. Fuentes vinculadas a la cartera que conduce Leonardo Sarquís señalaron a La Tecla que “la frase que repite el ministro es que la Provincia necesita una ley de fitosanitarios. No decimos agrotóxicos; desde el vamos tiene connotacion negativa”.En ese sentido agregaron que “el ministerio estuvo siempre a disposición de las comisiones de Asuntos Agrarios de ambas cámaras haciendo los aportes técnicos solicitados”.

Además precisaron: “Nosotros podíamos haber hecho un proyecto desde el Ejecutivo, pero fue una decisión legislativa que hubiera consenso y que no fuera algo unilateral”.

En efecto, desde Agroindustria remarcaron insistentemente que la ley a salir fue definida por las distintas fuerzas políticas, y dejaron sentado que su protagonismo fue secundario. Al margen de la postura oficial, legisladores de Cambiemos han señalado que la mano de Sarquís superó considerablemente el rol de un mero actor de reparto en la ley que va a ver la luz en el 2018.