Si, como reza el trillado refrán, para muestra basta un botón, una radiografía sobre la realidad del sistema judicial en la provincia de Buenos Aires debe arrojar la imagen de una mercería completa.

Este panorama no sólo conforma un rompecabezas que preocupa a los sectores involucrados, sino que también es observado de manera negativa por la población, que tiene una mala imagen de la Justicia. Tanto, que sobrepasa largamente el 65 por ciento, superando en varios puntos al termómetro del año 2016, según los sondeos realizados por encuestadoras varias.

Claro que no se trata únicamente de una cuestión de imagen ni, mucho menos, de una sensación térmica en la piel de la sociedad, sino de una realidad palpable entre quienes deben administrar justicia -en cualquiera de sus eslabones- y quienes deben ser beneficiarios de un sistema legal de calidad y con garantías.

Las administraciones pasan y los problemas subsisten, sin que nadie pueda
-al parecer- colocarle el cascabel al gato, mostrando un mosaico de problemáticas que se suman y coadyuvan para dar como resultado un panorama poco alentador.

Entre acusaciones cruzadas y endilgamiento de culpas o responsabilidades aparecen algunas causas, como la superpoblación carcelaria, el excesivo número de presos en las comisarías y, claro está, una estructura arcaica y escasa de los juzgados, que hace prácticamente imposible pensar en una administración de justicia eficaz.

El panorama es particularmente grave en algunos departamentos judiciales, en los que se demoran las designaciones de jueces, camaristas, fiscales o defensores. El lote de los más rezagados lo integran distritos con gran concentración de población, como La Plata y Lomas de Zamora, aunque Azul también se encuentra con falta de personal (ver recuadro).

La situación se agrava año tras año y los aumentos de partidas en los presupuestos de la provincia de Buenos Aires pareciera que nunca son suficientes para cambiar el rumbo de un poder sin respuestas contundentes para la sociedad.

Por caso, para 2018, el Poder Judicial proyectó una partida presupuestaria de 20.450 millones de pesos para “Administración de Justicia”, importe que no contiene pauta salarial y excluye la Tasa Retributiva de Servicios Judiciales.

Además solicita 11.428.146.720 pesos para el funcionamiento del Ministerio Público, como parte integrante del Pro-yecto de Jurisdicción Poder Judicial. También incluye un crédito correspondiente a la Tasa Retributiva de Servicios Judiciales, que asciende a la suma de 730.000.000 de pesos, destinado a atender al personal activo y pasivo
de las Jurisdicciones Auxiliares Administración de Justicia y Ministerio Público.

Además, el artículo 4º del proyecto de Presupuesto para el Poder Judicial, disponible en la página web de la Suprema Corte, señala que “respecto de los aproximadamente 2.800 cargos vacantes que al presente posee esta Administración de Justicia, es dable señalar que en su mayoría se encuentran asignados (tanto para adecuaciones de la actual estructura -organismos jurisdiccionales y dependencias de Corte-, como para las efectivas puestas en funcionamiento pendientes). Con todo, dado el tiempo que demanda la cobertura de cargos, se ha considerado prudente y coherente con un uso racional de los recursos, no solicitar nuevos, considerando además que la expansión de planta podrá ser atendida con parte de aquellos”.

El Presupuesto enviado a la Legislatura también contempla otros 83,9 millones de pesos para el mantenimiento edilicio, que sufre no sólo por el transcurso del tiempo y el desgaste propio del uso, sino también “por el crecimiento permanente que ha ido generando una sobrecarga y exigencias mayores en los distintos componentes de la estructura edilicia”, reza el texto del proyecto.

Además de la cuestión financiera, el máximo Tribunal bonaerense insistió en dos viejas banderas de lucha: la equiparación salarial con la Justicia Federal y que el Poder Legislativo presente y apruebe el proyecto de ley que contemple la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera del Poder Judicial.

Sin embargo, las críticas no provienen solamente desde la “contra” política, sino que también se han escuchado voces disonantes de parte de los sindicatos; e incluso de las asociaciones que nuclean a los funcionarios y magistrados de la Justicia bonaerense, quienes volvieron a pedir más fondos para atender los reclamos de la sociedad por una Justicia más efectiva y de mejor calidad.

CARGOS VACANTES EN LOS DEPARTAMENTOS JUDICIALES BONARENSES
3 jueces de garantías
9 jueces correccionales
10 jueces laborales
2 jueces de responsabilidad penal juvenil
13 jueces de tribunal en lo criminal
9 jueces civiles y comerciales
5 jueces de familia
1 juez contencioso administrativo
15 camaristas civiles y comerciales
12 camaristas penales
7 jueces del cuerpo de magistrados suplentes fueros civil y comercial, de familia y de paz
1 juez del cuerpo de magistrados suplente (fuero laboral)
36 fiscales
1 fiscal general
3 fiscales suplentes
4 fiscales de responsabilidad penal juvenil
6 fiscales suplentes con responsabilidad penal juvenil
4 defensores oficiales
2 defensores oficiales suplentes
16 defensores oficiales suplentes para actuar ante los fueros criminal y correccional y de responsabilidad penal juvenil
4 defensores oficiales para actuar ante el fuero civil comercial y de familia
10 asesores de incapaces
13 jueces de paz