La palabra “emergencia”, muchas veces está estrechamente relacionada con “desastre”, como si se tratasen de complementos. Apenas unos días después de asumir, la gobernadora María Eugenia Vidal declaró la Emergencia en diferentes áreas del Ejecutivo, al tomar conocimiento del “estado del Estado”.

En pocas palabras, según advirtió la mandataria, la Provincia estaba en llamas y era imperioso ponerse a trabajar para sacarla adelante. Y en este marco, en diciembre de 2015, envió a la Legislatura diferentes proyectos de ley para acelerar la llegada de soluciones en materia de seguridad, justicia e infraestructura.

Las mencionadas iniciativas estaban atadas al tratamiento del Presupuesto 2016, que, como se sabe, no fue aprobado hasta entrado un nuevo año.

Ante la falta de acuerdo, Vidal decidió decretar las mencionadas emergencias, que se extenderían por el término de un año. En efecto, todo lo relacionado a Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense permitiría convocar a retirados, reubicar personal, cambiar destinos y disponer bajas y ascensos, entre otros puntos.

En tanto que la Emergencia en Infraestructura y Servicios Públicos habilitaba a la gobernadora Vidal a intervenir todos los entes, empresas y sociedades de propiedad exclusiva del Estado provincial.

Unos meses más tarde, el motor no arrancaba y la rueda no lograba empezar a girar. Por ello, la mandataria decidió declarar una nueva emergencia, que abarcara, de cierta manera, a todas las áreas del Ejecutivo: la administrativa y tecnológica. A partir de la sanción parlamentaria que le dio luz verde a la decisión se autorizó a todos los “ministerios, secretarías y entidades autárquicas a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios que resulten necesarios” para el cumplimiento de sus objetivos. Para ello podrían utilizar las normas de excepción para los procesos correspondientes a Compras y Contrataciones, y así dotar de celeridad a todos los actos burocráticos. Este beneficio permitió a Vidal poner en marcha un plan de contingencia para hacer frente a las inundaciones que azotaron a diferentes puntos de la Provincia durante 2016 y 2017.

En el transcurso del gobierno de Cambiemos, la oposición ha intentado aprobar una serie de emergencias como método paliativo a la crisis económica. Tanto desde el Frente Renovador como del Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda presentaron sus correspondientes proyectos para poner en marcha acciones tendientes en materia alimentaria, social, educativa y de transporte, aunque hasta el momento no han tenido resultados satisfactorios, ante la negativa del oficialismo de, por un lado, reconocer ciertos conflictos, y, por el otro, hacer frente a los gastos extra que generan las mencionadas medidas.

INFRAESTRUCTURA
“Todas las obras del año pasado y éste son parte de la Emergencia en Infraestructura.
Lo que se hizo fue reducir los tiempos en los plazos: de un año pasó a seis o siete meses, aproximadamente. Depende del tipo de obra”, explicaron a La Tecla desde la cartera que conduce Roberto Gigante.

En efecto, la declaración de Emergencia en Infraestructura, Hábitat y Servicios Públi-cos fue dictaminada por la gobernadora María Eugenia Vidal (decreto N° 443/16) en los inicios de su gestión, y prorrogada por un año, por lo que estará vigente hasta entrado 2018. Entre los argumentos de su sanción se destacó “la situación crítica que se encontraba atravesando la Provincia ” en la materia.

En conjunto con la Emergencia se creó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de Obras tendiente a supervisar la concreción de las mismas, para así evitar cualquier tipo de irregularidad en las licitaciones y contrataciones.

En el marco de la declaración se pusieron en marcha una serie de acciones:
-Plan integral para mejorar las guardias en 43 hospitales de la Provincia , con una inversión de $ 1.100 millones.
-Etapa 4-1b del Plan Maestro Integral del río Salado.
-Construcción de 1.500 kilómetros de rutas cu-yas obras ya fueron finalizadas, y los 300 Km . que se estarán culminando en los próximos meses. Inversión de 600 millones de pesos.

SEGURIDAD Y JUSTICIA
A través de la ley 14.866, la Legislatura bo-naerense prorrogó por un año la Emergen-cia en “materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires”, que había sido decretada por la gobernadora María Eugenia Vidal el primer día hábil de 2016, ante la “imperiosa necesidad de comenzar a solucionar problemas”. La medida en cuestión permite tanto al ministerio de Seguridad como al de Justicia ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y suministros necesarios para el cumplimiento de objetivos. En rigor, según detalló la cartera que conduce Cristian Ritondo, se efectivizaron una serie de medidas a partir de la sanción de la Emergencia en Seguridad.

Entre ellas se destacaron:
-Compra y entrega de 18.792 chalecos antibalas, 632 patrulleros (de los cuales 73 son con tecnología 360°) y 305 motos cero kilómetro. Además fueron entregados 122 patrulleros arreglados íntegramente.
-Implementación de un fondo de inversión de 3 mil millones de pesos para los 135 municipios de la Provincia.
-Refacción de 55 comisarías en el Conurbano bonaerense.
-Rejerarquización de la carrera del agente penitenciario con convenios internacionales.

HIDRICA
Si bien forma parte del área de Infraestructura, la Gobernadora decretó en 2017 la Emergencia Hídrica en 26 distritos de la Provincia , que fueron afectados seriamente por las inundaciones.
La medida, tomada el 18 de mayo, autorizó a llevar a cabo las “obras y/o acciones indispensables en forma inmediata, realizar contrataciones, gastos y tomar las decisiones necesarias para solucionar, aliviar o evitar la agravación” de la situación.

En este marco, Vidal puso en ejecución un plan de 48 obras por una inversión total de $ 3.500 millones. De ese monto, $ 2.500 millones corresponden a financiamiento propio y $ 1.000 millones a recursos del Gobierno nacional.
-El plan está compuesto por 39 obras hidráulicas, seis de vialidad y tres de vivienda.
-Entre los trabajos se contempla la protección de cascos urbanos a partir de terraplenes de defensa y la limpieza de canales y arroyos.
-Alcanza a los municipios de Bragado, Rivadavia, General Villegas, Carlos Tejedor, Salto, 9 de Julio, General Arenales, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Nicolás, General Viamonte, Junín, Hipólito Yrigoyen y Trenque Lauquen.

ADMINISTRATIVA
El 20 de mayo de 2016, la Legislatura bonaerense sancionó, a pedido del Poder Ejecutivo, la Emergencia Administrativa y Tecnológica, con el objetivo de “paliar el grave déficit en ‘estas materias’ que en el transcurso de los últimos años se ha visto incrementado progresivamente”. La medida habilitó a la Provincia a llevar a cabo una serie de acciones tendientes al fortalecimiento y modernización tecnológica de los
organismos públicos.

Si bien fue decretada bajo la órbita del ministerio de coordinación y Gestión Pública, por entonces a cargo de Roberto Gigante, cuando se modificó el organigrama provincial, la tarea de “modernizar el Estado” quedó bajo la responsabilidad de la jefatura de Gabinete, liderada por Federico Salvai. Desde la dependencia revelaron a La Tecla una serie de medidas que se llevaron adelante a partir de la sanción de la Emergencia. Cuatro destacadas:
-Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires (ley 14.828).
-Implementación de herramientas de monitoreo.
-Acuerdo con proveedores y nuevos contratos de prestación de servicios.
-Nueva RUP (Red Unica Provin-cial), única infraestructura de telecomunicaciones.

ALIMENTARIA
Dos diputados del Frente Renovador presentaron proyectos para declarar el estado de Emergencia Alimentaria en todo el territorio bonaerense. La primera en hacerlo fue María del Huerto Ratto, a mediados de 2016, tras conocerse los índices de pobreza.

En mayo de este año, en tanto, hizo lo propio Pablo Garate, luego del registro de la caída en el consumo de leche y carne. Sendas iniciativas tienen por objetivo “garantizar la provisión de los bienes o productos básicos de la canasta familiar a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran desarrollando actividades relacionadas con el servicio de prestación de alimentos -en forma directa o descentralizada a través de los municipios- a las familias afectadas por la crisis socioeconómica y en especial a los niños”.

VIOLENCIA DE GENERO
El 4 de junio de 2015 (un día después de la primera marcha bajo el lema “Ni Una Menos”), la provincia de Buenos Aires declaró, a través de la ley 14.731, la Emergencia pública en materia social por Violencia de Género. Entonces, la normativa fue prorrogada por dos años, al perder vigencia la sancionada en 2012. Fue el diputado Mariano San Pedro (FpV) quien solicitó una nueva prórroga, quedando vigente hasta,
al menos, 2019. La misma propone optimizar todos los recursos provinciales necesarios para el correcto y eficaz funcionamiento del Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (AVM).

PYME
El pedido de declaración de la Emergencia PYME fue presentado tanto por el bloque de diputados del Frente para la Victoria como del Frente Renovador, y en ambas cámaras de la Legislatura , ante el abrupto cierre de un centenar de pequeñas empresas en territorio bonaerense. La normativa prevé la rebaja de la alícuota de Ingresos Brutos en un 50%, la rebaja a los impuestos de Sello e Inmobiliario y la creación de una Tarifa Pyme que provea un subsidio del 50%.

“Las PYMES representan el 70% del trabajo y el empleo en el sector privado. Tenemos que defender a los empresarios que apuestan a la generación de empleo”, señaló el legislador César Valicenti (FpV).